La Fiscalía General de la Nación destapó una grave red de corrupción que compromete a cinco miembros activos de la Policía Nacional, quienes habrían aceptado sobornos para permitir el transporte ilegal de madera extraída de zonas protegidas en el departamento de Bolívar.
Según la investigación, liderada por un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, los uniformados habrían actuado como facilitadores de una organización criminal dedicada a la tala indiscriminada en la reserva forestal del río Magdalena, una de las más importantes del país por su biodiversidad y riqueza natural.
Entre los implicados se encuentra el capitán Harold García Ospina, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como comandante de la estación de Policía en Puerto Wilches (Santander). También fueron judicializados el subintendente Fabio Ignacio Ramírez Arismendy, entonces comandante de patrulla en San Pablo (Bolívar), y los patrulleros Edison Peña Moreno, Enyerber Fernando Rueda Correa y José Isabelino Gamboa Cabrera.
Las pruebas recolectadas por la Fiscalía indican que los uniformados presuntamente entregaban información privilegiada sobre operativos y puestos de control en el Magdalena Medio, permitiendo que camiones cargados con madera ilegal burlaran los controles y llegaran sin contratiempos a grandes centros urbanos, donde el material era comercializado.
Las especies maderables más afectadas por esta explotación ilegal fueron el cedro rosado, almendro, cambombo, chingales, fresno, sangre toro y canguaro, árboles nativos en alto riesgo por la tala indiscriminada.
A los cinco policías se les imputaron los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y cohecho propio, aunque ninguno aceptó los cargos.
Por decisión del juez de control de garantías, se les impuso medida de aseguramiento en lugar de domicilio, mientras avanza el proceso judicial que podría marcar un hito en la lucha contra el ecocidio y la corrupción institucional.
El caso representa una alerta sobre la complicidad de agentes del Estado en crímenes ambientales que afectan no solo la biodiversidad, sino también la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de protegerla.
