Colombianos, hoy nos detenemos en un momento clave para la historia de Colombia. Estamos ante un nuevo dilema que agudiza la incertidumbre: el gobierno del presidente Gustavo Petro inscribe en su última etapa una consulta popular que roza la improvisación política, mientras desde el poder se desliza, como cortina de humo, la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
Comencemos por el primer punto: la Consulta Popular diseñada para captar adeptos y aparentar participación, pero que, en los hechos, llega sin claridad, sin plazos definidos ni un marco legal sólido. Los tiempos no le dan al gobierno para ejecutar una campaña informativa que garantice el mínimo de coherencia democrática. El proceso parece más una estrategia de distracción que una verdadera herramienta de consulta ciudadana.
Y en ese contexto, emerge bajo las sombras la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (un recurso institucional de gran magnitud, el que todos sabemos que siempre ha estado en cabeza del presidente) como si el Gobierno tuviera la autoridad para torcer las reglas del juego democrático a voluntad. ¿Realmente entiende el presidente Petro las dimensiones de lo que plantea? ¿Tiene conciencia del desgaste institucional que implica alterar la Constitución sin un consenso genuino?
Del otro lado, el Congreso debate reformas importantes: tributaria, pensional, educativa. Sin embargo, el Ejecutivo, en su afán de acelerar la agenda, amenaza con imponerlas por decreto. Se trata de una táctica poco propia de un Estado democrático, algo muy normal en este gobierno durante los últimos tres años: reformar las reglas del juego sin tener respaldo legislativo, sin debate, sin respaldo ciudadano.
Esto nos lleva a reflexionar sobre el verdadero fondo de la estrategia: ¿es gobernabilidad o es desesperación? Con apenas unos meses de gestión por delante, el gobierno parece más interesado en generar distractores donde faltan proyectos de fondo, sobran cortinas de humo. La crisis institucional, lejos de fortalecerse, se agrava.
No se trata de rechazar la discusión constitucional, la participación ciudadana o las reformas necesarias. Pero sí de exigir coherencia, tiempo, claridad, pedagogía y respeto por los mecanismos democráticos. Una reforma que llegue impuesta será recordada como un atropello institucional y no como un avance (al final este gobierno será recordado por su improvisación, falta de liderazgo e ineptitud en la gobernanza)
Colombianos y colombianas, hoy estamos ante una encrucijada: podemos permitir que la prisa, el miedo y la improvisación sean las capas de tinte que oculten las grietas institucionales. O podemos levantarnos, desde la crítica seria, reflexiva y respetuosa de la Constitución, para exigir que cualquier proceso de reforma, reforma constitucional o reforma social se surta con transparencia, planificación y legitimidad.
Hay tiempo para una consulta seria. Hay tiempo para debatir una Constituyente. Hay tiempo para presentar reformas constructivas. Lo que no hay es tiempo para la improvisación. Aún estamos a tiempo de reconducir el rumbo, y eso exige objetividad, coherencia, seriedad… y firmeza ciudadana. Porque gobernar no es maquillar la crisis, sino enfrentarla con soluciones, institucionalidad y respeto por el país que todos queremos.
