Después de un año de haber sido enviada a la Corte Constitucional para su revisión, la Reforma Pensional del Gobierno —aprobada por la Cámara de Representantes el 14 de junio de 2024— recibió un inesperado revés. Este martes 17 de junio, y por decisión unánime de sus nueve magistrados, la Corte decidió devolver el proyecto al Congreso para que corrija un vicio de trámite, otorgándole un plazo de treinta días para hacerlo.
La objeción de la Corte se fundamenta en la falta de debate en la plenaria de la Cámara sobre la proposición sustitutiva presentada por la representante María del Mar Pizarro. Esta propuesta consistía en acoger en bloque el texto aprobado previamente por el Senado, lo cual fue aprobado sin discusión, de forma exprés, en lo que comúnmente se conoce como un “pupitrazo”. La plenaria aprobó el proyecto tal como llegó, sin un análisis adecuado, lo que vulnera el principio de deliberación legislativa.
Aunque la reforma no está hundida, sí ha quedado, como se dice popularmente, “en salmuera”: retenida, en espera, aplazada. Y en un contexto como el actual, con una Corte vigilante y con las demás altas cortes observando cada movimiento del presidente Petro, es difícil saber qué reformas están en salmuera de verdad… y cuáles ya comienzan a descomponerse.
Esta “pifia” de trámite legislativo por parte de la Cámara, especialmente atribuible a su presidente y su secretario, genera sospechas. No huele bien. Hay quienes creen que fue un error intencional, diseñado para generar obstáculos en la Corte Constitucional, enredar otra de las reformas sociales del gobierno y profundizar su desgaste político frente a la ciudadanía.
No puede pasarse por alto que, para la fecha en que la Cámara aprobó la Reforma Pensional (14 de junio de 2024), su presidente era Andrés Calle Aguas, miembro del Partido Liberal, hoy en oposición. El mismo a quien, según declaraciones de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, le fueron entregados mil millones de pesos, enviados por Olmedo López, exdirector de la UNGRD, como supuesto soborno.
Mientras tanto, mientras la Cámara de Representantes repara el error y el texto regresa a la Corte, en “salmuera” están más de tres millones de adultos mayores que esperaban comenzar a recibir una Renta Básica Solidaria mensual de 225 mil pesos. También están en suspenso las disposiciones sobre el régimen pensional para mujeres, que proponía reducir de 1.300 a 1.000 semanas el requisito de cotización para pensionarse a los 57 años, y descontar 50 semanas adicionales por cada hijo, hasta un máximo de tres.
La devolución del proyecto deja en el limbo el objetivo central del gobierno de reformar el sistema pensional colombiano, para garantizar mayor protección social en la vejez con criterios de solidaridad y sostenibilidad. Y junto a todo ello, el 1° de julio de 2025, fecha en la que debía entrar en vigencia la reforma, también se ha quedado, indefinidamente, en salmuera.
