En toda democracia funcional, el comandante supremo de las Fuerzas Militares es un jefe de Estado que honra a quienes arriesgan su vida por proteger la nación. Pero en Colombia, ese principio se ha invertido con brutal claridad: hoy, quien más deslegitima a la Fuerza Pública no está al margen de la ley, sino sentado en el poder.
Un presidente que alguna vez empuñó un fusil y que jamás ha ocultado su desprecio por las instituciones militares, ahora lidera un gobierno que parece más dispuesto a pactar con el crimen organizado que a proteger a quienes lo enfrentan en el terreno.
El secuestro de 57 militares del Ejército Nacional en el Cauca, perpetrado por las disidencias de Iván Mordisco, no solo es una afrenta a la dignidad de nuestras tropas. Es también el símbolo del colapso moral de la mal llamada “Paz Total”, convertida en excusa para rendir el Estado ante los violentos. Mientras nuestros soldados eran utilizados como escudos humanos, humillados y retenidos ilegalmente, el presidente guardaba un silencio tan estruendoso como vergonzoso.
No hubo una condena categórica. No hubo una voz firme. Solo un discurso confuso, diluido entre retóricas de transformación social y equilibrios imposibles con quienes siguen asesinando, extorsionando y desplazando. Y un ministro de Defensa —exmilitar— que, lejos de liderar con contundencia, se limita a emitir comunicados grises, incapaces de transmitir autoridad o determinación.
¿Cómo se puede exigir sacrificio a nuestros soldados cuando desde el poder se les reduce a peones de un discurso ideológico que prefiere culparlos antes que respaldarlos? ¿Qué garantías tiene hoy un uniformado si los criminales que lo secuestran, lo atacan o lo matan terminan sentados en mesas de diálogo, aplaudidos como gestores de paz o liberados por la puerta trasera del sistema judicial?
Mientras se desmontan moral y políticamente las instituciones armadas, los grupos armados ilegales avanzan con confianza. Se sienten cómodos, incluso legitimados, en un país donde el gobierno negocia con quienes disparan, pero ignora a quienes se interponen entre la violencia y la población civil.
La retórica de la reconciliación no puede servir para justificar la impunidad. Convertir el secuestro, la extorsión y el asesinato en “errores de procedimiento” o “respuestas a conflictos sociales” es faltar al respeto a la memoria de miles de víctimas y traicionar el deber del Estado.
Hoy, la realidad duele: en Colombia, los soldados no temen solo a las balas de los enemigos. Temen también al discurso de su propio presidente. La seguridad nacional se erosiona no solo con ataques armados, sino con la constante deslegitimación de quienes tienen el deber constitucional de garantizarla.
Colombia no puede seguir gobernada por alguien que no cree en sus propias instituciones. La defensa de la Fuerza Pública no puede limitarse a frases de ocasión. Se traduce en respaldo político, recursos reales y decisiones coherentes. Y si el jefe de Estado no está dispuesto a asumir esa responsabilidad con honor, el país debe recordarle que su mandato es temporal… pero el daño que causa puede ser irreversible si no se actúa a tiempo.
