El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció públicamente que sintió “indignación” al ver en una tarima a representantes de estructuras criminales, en el marco de un evento oficial convocado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y liderado por el presidente Gustavo Petro, como parte de la estrategia de “paz total”.
Durante una entrevista en Mañanas Blu, el jefe de la cartera de Defensa aclaró que su participación en dicho acto respondía a una decisión institucional del Gobierno nacional. “Sentí un poco de indignación, pero también por otro lado veía que hace parte de los procesos que el Gobierno nacional ha decidido adelantar”, manifestó Sánchez, subrayando que su rol no tiene relación con negociaciones con actores al margen de la ley. «El Ministerio de Defensa no está para negociar, está para aplicar la ley», afirmó tajantemente.
El evento, que tuvo lugar recientemente, contó con la presencia de funcionarios del alto Gobierno, congresistas, representantes de víctimas del conflicto armado y voceros de grupos ilegales —algunos actualmente privados de la libertad—, incluyendo estructuras urbanas con influencia en Medellín.
Consultado sobre los asistentes, el ministro fue enfático en señalar que, según la información que maneja, algunos de ellos “siguen delinquiendo”, lo que —a su juicio— obliga a mantener la firmeza institucional frente a estos actores. “O se desmovilizan y se someten a la justicia, o el Estado actuará conforme a la ley”, insistió.
Sánchez reiteró que su presencia en el acto no implica ningún tipo de legitimación hacia los grupos criminales. Al contrario, su mensaje fue claro: la fuerza pública seguirá cumpliendo su misión de proteger a los ciudadanos, sin contemplaciones frente al delito.
Aunque el presidente Petro ha expresado que estos voceros deben ser entendidos como personas en proceso de rehabilitación, el ministro subrayó que el propio mandatario también ha sido claro en los lineamientos: quien reincida o continúe delinquiendo debe responder ante la justicia.
“Incluso mandó decir: mándelos a una fragata, allá enciérrelos en una cárcel de máxima seguridad”, reveló Sánchez, como muestra del compromiso del Ejecutivo de sancionar a quienes incumplan la ley.
Este episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate en torno a la implementación de la paz total, sus formas de representación y los límites entre el diálogo político y el cumplimiento de la ley.
