La reciente decisión del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, de destinar $7.000 millones de pesos para la remodelación de una simple cancha de barrio —conocida popularmente como el Bonga Park o el campito de Crespo— no solo es una monumental pifia presupuestal, sino también una auténtica farsa disfrazada de gestión pública.
El anuncio se hizo en una reunión improvisada y de escasa convocatoria con algunos vecinos del barrio Crespo, el pasado 20 de junio. Allí, el mandatario aseguró que contaba con el respaldo de la comunidad y mencionó, sin pudor, que incluso maleteros y taxistas del aeropuerto Rafael Núñez habían aplaudido la propuesta.
Nada más alejado de la verdad. En entrevistas directas con los mencionados trabajadores, estos afirmaron no haber asistido a dicha reunión y desconocer por completo los términos del anuncio. La supuesta «complacencia popular» es, pues, una fabricación oportunista del alcalde y de quienes hoy integran una Junta de Acción Comunal paralela, promovida por la misma administración con la ayuda de seudolíderes locales. Esta nueva junta, claramente diseñada para hacer contrapeso a la histórica y legítima, le abre paso a decisiones alineadas con los intereses del operador del aeropuerto, Oinac, cuya expansión enfrenta serias críticas de los verdaderos representantes del barrio.
Lo que sí es cierto es que el alcalde Turbay se desbordó en atenciones con sus aliados de bolsillo, dándoles el gusto de una inversión millonaria en una cancha de recreación —no de competencia deportiva— mientras ignora problemas urgentes, como la vergonzosa laguna de aguas negras que se forma en la calle 70 del barrio Crespo, a la salida del aeropuerto. Este foco de insalubridad y caos vial, que mezcla aguas lluvias con aguas servidas, permanece sin intervención pese a las múltiples quejas de los habitantes.
Pero el asunto va más allá de las prioridades. Hay serios cuestionamientos jurídicos sobre la legalidad de invertir recursos públicos en un predio que no es del Distrito, sino de la Aerocivil, el cual ha sido cedido en comodato. El alcalde y sus asesores —que parecen más interesados en el marketing político que en la norma— deberían recordar que la ley prohíbe expresamente invertir dineros públicos en bienes que no son propiedad estatal. De hacerlo, el mandatario podría incurrir en prevaricato por acción. No sería el primero: al exalcalde Paniza, en 1995, casi lo encarcelan por construir un puesto de salud y un colegio en predios ajenos al Distrito.
¿Quién prioriza esta inversión? ¿Por qué no se destinan estos $7.000 millones a resolver verdaderas urgencias sociales? ¿Por qué insistir en un proyecto que, además de prescindible, puede ser ilegal?
Por todo lo anterior, consideramos que esta jugada del alcalde Dumek Turbay no es más que una pifia técnica y una farsa política, una muestra lamentable de cómo se puede desfigurar el sentido de la inversión pública para fines clientelistas. La comunidad de Crespo merece más que promesas infladas y aplausos inventados.
