Un documento de alto calibre remece los cimientos del deporte departamental y pone bajo la lupa a la Gobernación de Bolívar. Se trata de una denuncia penal interpuesta por el ingeniero Álvaro González Álvarez, en la que se expone con pruebas documentales que Ariel Enrique Zambrano Meza ejerció como gerente de Iderbol a pesar de estar inhabilitado legalmente desde el 28 de febrero de 2025.
La inhabilidad —que se desprende de una sanción fiscal vigente por más de $2.500 millones, según consta en el Boletín de Responsables Fiscales (SIBOR)— le impedía ocupar cualquier cargo público durante cinco años. Aun así, Zambrano permaneció en el cargo por lo menos hasta finales de junio, lo que podría constituir una violación flagrante a las normas de inhabilidad e incompatibilidad de los servidores públicos en Colombia.
Pero el foco no solo está sobre Zambrano. La denuncia salpica directamente al gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, quien, de acuerdo con el denunciante, permitió su permanencia a pesar de las advertencias públicas sobre el caso y de las alertas institucionales que deberían haberse activado desde el momento de su nombramiento.
La denuncia penal menciona posibles delitos como:
- Violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades
- Prevaricato por acción
- Prevaricato por omisión
- Peculado por apropiación, al haber recibido pagos con cargo al erario estando impedido legalmente.
A la fecha de esta publicación, no existe claridad oficial sobre si a Zambrano Meza se le pidió la renuncia o si fue retirado mediante acto administrativo. Tampoco se ha hecho público el momento exacto en que cesaron sus funciones. La administración departamental ha guardado silencio, y no ha explicado por qué no se actuó con celeridad, como exige la ley, una vez se conoció su condición de inhabilitado.
La situación adquiere mayor gravedad si se considera que la sanción fiscal en su contra era pública y de amplio conocimiento, tal como lo reseñaron medios locales y nacionales desde 2024, e incluso boletines de la Procuraduría General de la Nación que alertaban sobre su vinculación con el fallido proyecto Caregato en La Mojana.
Fue solo después de la publicación de una columna investigativa en 724 Noticias, el pasado 24 de junio, que la situación se tornó insostenible. De forma silenciosa, Zambrano habría renunciado, aunque ninguna autoridad lo ha confirmado públicamente ni ha explicado por qué se permitió su permanencia por tanto tiempo.
El denunciante solicita que la Fiscalía General de la Nación active de inmediato las investigaciones correspondientes, y que tanto la Contraloría como la Procuraduría determinen responsabilidades fiscales y disciplinarias no solo sobre Zambrano, sino también sobre quienes facilitaron y permitieron su permanencia en el cargo.
Lo cierto es que mientras el silencio oficial persiste, el daño jurídico y presupuestal ya está hecho. El caso expone nuevamente los vacíos en los controles del Estado y la falta de rigor en la vigilancia de la función pública en Bolívar.
¿Quién responde por los recursos públicos girados indebidamente? ¿Por qué se ignoraron las alertas? ¿Y por qué, si se sabía, no se actuó?
