Coincidencias sospechosas, documentos en entredicho y vínculos poco claros tienen en vilo la transparencia del proceso contractual en la zona insular.
Mientras desde el despacho del alcalde de Cartagena se promueve con entusiasmo —y una dosis de temeridad— el avance de los embarcaderos en Playa Blanca y Cholón, desde otros frentes comienza a crecer una inquietud tan profunda como las aguas que bañan la isla: ¿estamos ante un nuevo caso de contratación pública envuelto en favoritismos y opacidades?
El contrato por $6.186 millones, adjudicado al Consorcio Embarcaderos Cartagena, avanza en terreno, pero tropieza en el papel. Según denuncias ciudadanas, el proceso habría estado marcado por inconsistencias documentales y dinámicas contractuales que evocan antiguos patrones de contratación amañada.
Uno de los puntos más delicados se refiere a una certificación de experiencia supuestamente expedida por la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol en 2002 a favor de Construlatina S.A.S.. Sin embargo, al verificar directamente con la petrolera, no se halló rastro del contrato mencionado. ¿Error, imprecisión o documento fantasma? La pregunta, hasta ahora, no tiene respuesta oficial.
Pero ese no es el único frente que genera alarma. Las piezas del rompecabezas contractual revelan coincidencias difíciles de ignorar: la Secretaria General del Distrito, María Porras Mendoza, actuó como ordenadora del gasto, y según información que circula en medios de control ciudadano, tendría presuntos lazos de parentesco con un contratista cercano a la administración actual. Aunque no existen pronunciamientos formales, las alertas están encendidas.
La repetición de consorcios con empresas recicladas, nombres intercambiables y vínculos cruzados entre oferentes e interventores refuerza la percepción de que, más que una competencia abierta, el proceso pudo haber estado dominado por una red aceitada de actores que saben moverse con soltura en los engranajes de la contratación local. No es ilegal —pero sí profundamente cuestionable en una ciudad que clama por institucionalidad y juego limpio.
Como si fuera poco, el contrato de interventoría —por $450 millones— fue adjudicado al Consorcio CC Interventorías, en cuya composición aparece la empresa Ingeniería y Mantenimientos S.A.S., cuyo socio, según consta en el acta de constitución, es José Gabriel Martínez Miranda. Lo llamativo es que en el consorcio contratista principal también figura la empresa Ingecol S.A.S., cuyo representante legal y socio es Álex Martínez Miranda, hermano de José Gabriel. Esta conexión familiar directa entre contratista e interventor despierta serias inquietudes sobre la independencia del control técnico, pilar fundamental para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos. ¿Quién vigila a quién?
En medio del ruido creciente, el silencio de la Alcaldía se vuelve estruendoso. Las solicitudes de pronunciamiento han sido ignoradas o respondidas con evasivas. Mientras tanto, organizaciones ciudadanas, veedurías y líderes cívicos reclaman la intervención urgente de los entes de control: Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, que no solo deberían observar, sino actuar con firmeza.
“Esto no es un ataque al desarrollo. Es una defensa de la ética pública”, sostiene el ingeniero Álvaro González, uno de los investigadores que ha puesto bajo la lupa varios contratos en la ciudad.
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El proyecto de los embarcaderos tiene, sin duda, un alto potencial turístico. Pero cuando las obras se construyen sobre cimientos frágiles de credibilidad, el progreso corre el riesgo de convertirse en fachada. Y Cartagena ya sabe —por experiencia amarga— lo caro que puede salir embellecer lo que por dentro está podrido.
Por ahora, la administración se mantiene impasible, como si las alertas fueran simples rumores y no llamados legítimos a rendir cuentas. Pero la ciudad observa, toma nota y exige más que promesas: exige respuestas, transparencia y garantías de que el pasado no se está repitiendo con otro nombre.
