En uno de los movimientos más ambiciosos —y polémicos— del Gobierno Petro en materia de defensa, el ministro Pedro Sánchez confirmó que Colombia avanza en la adquisición de 16 aviones de combate Gripen, de fabricación sueca, para reemplazar la envejecida flota de Kfir israelíes que actualmente opera la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). La decisión, de fondo estratégico y alto costo, ocurre en medio de un país tensionado por demandas sociales, disputas políticas internas y una creciente presión sobre el gasto público.
Desde la Casa de Nariño, el general (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa, explicó que el Gobierno está trabajando sobre dos frentes: el presupuestal y contractual, y la estructuración técnica del contrato, con el objetivo de asegurar que la compra no comprometa las promesas sociales del presidente Gustavo Petro.
“No se trata solo de adquirir aeronaves, sino de garantizar una capacidad real de superioridad aérea”, señaló Sánchez, al justificar una negociación que, según fuentes del Ministerio, podría superar los 3.500 millones de dólares en su fase completa.
La sola mención de los offsets —mecanismos de compensación por compras militares— muestra que el Gobierno es consciente del impacto político del anuncio. En una reunión privada en Palacio con los ministros de Hacienda, Minas y Salud, Petro exigió evaluar cómo esta operación puede tener beneficios tangibles para el país más allá del ámbito militar.
«Estamos buscando que esta compra se traduzca también en empleo, transferencia tecnológica y bienestar para las regiones», dijo Sánchez, en un intento por blindar la compra ante las críticas que ya comienzan a arreciar desde sectores de izquierda más radicales y parte de la oposición, que consideran contradictorio hablar de «austeridad fiscal» mientras se invierte en aviones de guerra.
Los Gripen —modelo Saab 39— no son desconocidos en la región. De hecho, una comisión técnica de la FAC viajó recientemente a Brasil para revisar las «lecciones aprendidas» en la adquisición y operación de estos sistemas, considerados de quinta generación por sus capacidades electrónicas y de combate multitarea.
Según el Gobierno, los 16 aviones llegarán entre 14 y 18 meses después de firmado el contrato, completamente nuevos y con un proceso de integración operativa que permitirá retirar paulatinamente los Kfir, una flota envejecida y cuestionada tras varios accidentes en años recientes.
La apuesta de Petro, quien durante su campaña fue crítico del militarismo y abanderado del desmonte de la guerra, parece entrar en tensión con sus propias bases. «No estamos comprando armas para la guerra, sino tecnología para la disuasión estratégica», insistió Sánchez.
Sin embargo, las preguntas son inevitables: ¿Por qué ahora? ¿Por qué Suecia y no otra opción? ¿Y cómo se garantizará que esta millonaria operación no termine envuelta en opacidad o sobrecostos como otras del pasado?
La Cancillería también tendrá un rol clave. El hecho de que el Gobierno haya tomado distancia del proveedor israelí actual (en medio de tensiones diplomáticas por la postura colombiana frente a Gaza) y opte por un socio europeo no es un dato menor: podría leerse como una reconfiguración geopolítica, un mensaje a EE.UU. y un guiño a la neutralidad europea en medio del nuevo tablero global.
Mientras se ultiman los detalles técnicos y presupuestales, el Congreso y los organismos de control ya preparan lupa. ¿Habrá transferencia tecnológica real? ¿Participación de la industria nacional? ¿Rendición de cuentas pública?
El Gobierno Petro, que ha hecho de la inversión social su principal bandera, tendrá que justificar ante el país que esta apuesta por el cielo no signifique abandonar a quienes claman desde la tierra.
