Diseñar e implementar una política pública de seguridad integral es un propósito esencial para el próximo gobierno, máxime cuando el país rural padece actualmente un control territorial desbordado y asfixiante por parte de bandas narco-terroristas. Esta tarea gubernamental implica efectuar previamente un análisis riguroso que, de suyo, exige ahondar en tres aspectos importantes:
- Las acciones que han desplegado los gobiernos anteriores sin alcanzar su finalidad.
- Lo que ha funcionado medianamente y tiene posibilidades de mejora.
- Lo que no ha servido para nada y debe erradicarse con urgencia y diligencia.
Solo así obtendremos un diagnóstico real de la situación.
En primer lugar, los puntos uno y dos nos permiten evaluar la idoneidad o impertinencia de lo que se ha hecho en materia de seguridad. En segundo lugar, el punto tres —lo que debe erradicarse con suma urgencia— se convierte en el detonante para proponer nuevas alternativas encaminadas a obtener resultados satisfactorios, en el marco de una administración pública racional, abierta, eficiente y oportuna, congruente con las dificultades de la nación.
¿Cuál ha sido, en mi opinión, el problema del actual y de los últimos dos gobiernos colombianos en materia de seguridad?
Muy puntual: los gobiernos colombianos están en mora de consolidar, como regla general, la toma de decisiones basadas en datos, evidencia científica e investigaciones de campo, y, correlativamente, establecer como excepción el uso de la intuición o la lógica. Jamás al revés.
Mi propuesta concreta: es imperativo enfrentar las crisis de seguridad y los problemas de orden público del país con base en datos, evidencia científica e ideas generadas a través de una inmersión profunda. Las soluciones sustentadas únicamente en intuiciones, creencias u opiniones deben relegarse a un plano secundario, dada su volatilidad frente a la magnitud del problema.
Tomen nota: a los bandidos ya no se les enfrenta únicamente con intuición, firmeza, entereza y “creencias lógicas”; se les enfrenta con inteligencia y estrategia. En 2002 bastaba con tener determinación. Hoy, 23 años después, estamos en mora de adaptar y modernizar a nuestra fuerza pública con tecnología de punta e inteligencia artificial.
Hay que establecer una IA diseñada exclusivamente para neutralizar a los malvados. Ello es viable legal y financieramente, de acuerdo con el presupuesto nacional. Ya no basta con el valiosísimo apoyo de la comunidad urbana y rural, ni con motivar a las fuerzas militares. Ahora tenemos que ir más allá. Colombia ha tocado fondo: los criminales se pasean tranquilamente por el país y se sienten vigorosos ejerciendo control territorial.
La única forma realista de enfrentar esta situación es mediante el uso sofisticado de tecnología e inteligencia artificial para neutralizar —o eliminar— a quienes representan una amenaza para la sociedad.
En una próxima columna expondré, con rigor y exactitud, mi propuesta para diseñar una política pública de seguridad sustentada en inteligencia artificial. Todo, por supuesto, en conformidad con el marco legal del Estado colombiano.
- Observación para los precandidatos y candidatos presidenciales:
La única alternativa para resolver con eficacia nuestros problemas es profundizar en ellos hasta sumergirse en su raíz, no quedarse en la superficie con lugares comunes disfrazados de “soluciones”. Evitar esa inmersión es un acto de displicencia inaceptable con el país.
Adenda: El Ministerio de Defensa y Seguridad Nacional anunció la adquisición de dieciséis aviones de combate. Muy bien, pero ¿para cuándo anunciará la adaptación de inteligencia artificial en los sistemas de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares? @JuanDaEscobarC
