El nombre del congresista Silvio José Carrasquilla retumba con fuerza en medio del torbellino político que desató el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Su inclusión en la lista de 28 legisladores mencionados en una declaración clave que hará la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides Soto, ha encendido las alarmas en los pasillos del poder.
El próximo 22 de julio, la Fiscalía General de la Nación formalizará ante un juez el principio de oportunidad pactado con Benavides, quien se comprometió a colaborar con la justicia y a entregar información sobre supuestos manejos irregulares que habrían beneficiado a congresistas y altos funcionarios.
Entre los escenarios más delicados aparece El Carmen de Bolívar, municipio que ha sido históricamente influenciado políticamente por Carrasquilla y que fue uno de los epicentros de los contratos investigados por su presunta adjudicación irregular.
Aunque hasta ahora no hay una acusación formal contra el congresista de Bolívar, su mención en los documentos judiciales y en medios como Semana lo pone bajo los reflectores de la opinión pública. La investigación gira en torno al uso de contratos millonarios –al menos por 92.000 millones de pesos– como mecanismo para influir en decisiones legislativas clave, especialmente en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP).
La lista de implicados no es menor: 19 representantes a la Cámara y 9 senadores que, según las pesquisas, habrían respaldado operaciones financieras del Ejecutivo a cambio de presuntos favores relacionados con la contratación en la UNGRD. Figuran nombres como Wadith Manzur, Katherine Miranda, y Juan Pablo Gallo. Carrasquilla aparece entre ellos, y aunque su rol exacto no ha sido detallado, la expectativa por lo que pueda decir Benavides crece con cada día.
Este nuevo giro en el caso revive tensiones dentro del Congreso y plantea interrogantes sobre el alcance real del entramado de favores y contratos que hoy se investiga. Para Carrasquilla, la situación representa un desafío político evidente, aunque por ahora, se mantiene en silencio público, mientras sus electores en Bolívar y sus colegas en el Capitolio siguen con atención cada movimiento del proceso.
Con la justicia avanzando y los reflectores encendidos, el futuro político de Silvio Carrasquilla podría estar entrando en zona de turbulencia, en un caso que ya es considerado uno de los más explosivos de los últimos tiempos en Colombia.
