La abogada Jacqueline Perea Blanco, ex candidata a la Alcaldía de Cartagena fue obligada por decisión judicial a desmentir públicamente varias afirmaciones falsas que había difundido en redes sociales contra el concejal Javier Julio Bejarano.
El episodio, que comenzó con un intercambio virtual cargado de insinuaciones, escaló hasta convertirse en una disputa judicial que terminó dándole la razón al concejal, quien denunció haber sido víctima de difamación y exigió respeto por su honra.
En su retractación, leída en cumplimiento del fallo, Perea debió reconocer ante la opinión pública que sus señalamientos no tenían sustento:
“No me consta que Javier Julio Bejarano tenga angustia por una deuda económica.”
“No me consta que haya hecho acuerdos públicos o privados para pagar una deuda.”
“No me consta que tenga molestias con el director del IDER ni de acuerdos con esa entidad.”
“No me consta que conozca o tenga relación o deudas con Gonzalo Jiménez Díaz.”
Estas afirmaciones dejan claro que las acusaciones de Perea Blanco eran infundadas, y que su actuar podría interpretarse como parte de una estrategia de desprestigio político sin argumentos verificables.
En medio del mismo proceso, un periodista local también fue obligado a retractarse públicamente, luego de replicar en sus canales las afirmaciones de la líder social sin verificar su veracidad.
- Javier Julio Bejarano celebra fallo como una defensa de la verdad
“Esto no es solo una victoria personal”, afirmó el concejal Bejarano. “Es un recordatorio para todos los actores políticos de Cartagena: no podemos usar la mentira ni la difamación como herramientas de debate. El ejemplo empieza por el respeto, la verdad y la coherencia.”
Para Jacqueline Perea, este episodio representa un golpe a su credibilidad como figura pública. Su discurso de vigilancia ciudadana y lucha contra la corrupción contrasta ahora con una retractación judicial que la obliga a reconocer que habló sin pruebas. Lo que pudo ser un simple diferendo político se convirtió en una advertencia legal contra la desinformación.
El periodista implicado tampoco sale bien librado: la falta de rigor al replicar versiones sin verificación mina la confianza en los medios locales, ya golpeados por la desinformación en redes sociales.
