El asesinato a sangre fría del joven ingeniero civil Diego Morillo Cabrera, de 28 años, ocurrido el pasado martes 22 de julio en una obra educativa ubicada en Turbana, Bolívar, ha encendido las alarmas de las autoridades y ha despertado temores sobre las redes criminales que operan en la zona. Las primeras indagaciones apuntan a que el crimen podría estar relacionado con un caso de extorsión o amenazas previas.
Según testigos claves del hecho, varios hombres en moto llegaron a la obra donde Diego trabajaba. Uno de ellos se bajó, lo llamó aparte y, tras una breve conversación, le disparó a quemarropa, causándole la muerte de forma fulminante. La ejecución, en medio de una jornada laboral y en una construcción pública, da pistas sobre la naturaleza premeditada del crimen.
Pero lo que más llama la atención es que, días antes, otros hombres habían visitado el lugar buscando al ingeniero, y al no encontrarlo, dejaron un mensaje escrito solo para él. Se desconoce el contenido del recado, pero fuentes cercanas aseguran que podría tratarse de una advertencia o intento de intimidación.
Frente a estos hechos, una de las hipótesis más fuertes que manejan los investigadores es la posibilidad de que Diego estuviera siendo presionado por grupos criminales para pagar una extorsión, práctica común en muchas zonas del Caribe colombiano donde las obras civiles se convierten en blanco de amenazas.
No se descarta tampoco una venganza personal o conflicto previo, aunque esta línea es considerada secundaria por ahora.
En un intento por esclarecer el crimen y frenar la impunidad, la Alcaldía de Turbana, en coordinación con las autoridades policiales y judiciales, anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato.
La Gobernación de Bolívar también se pronunció exigiendo resultados concretos. “La violencia no puede ser un obstáculo para el desarrollo. No permitiremos que el miedo se apodere de las obras que construyen futuro para nuestros niños”.
Mientras la comunidad de Turbana guarda silencio por temor, en Villanueva (La Guajira) –de donde era oriundo el ingeniero– hay consternación y dolor. Diego había llegado hace pocos meses a trabajar en la construcción del megacolegio, un proyecto prioritario para la zona, y era reconocido por su compromiso y profesionalismo.
Hoy, su asesinato deja al descubierto una cruda realidad: los tentáculos del crimen alcanzan incluso a quienes construyen escuelas. Y si la justicia no actúa con celeridad, el mensaje será que en Colombia se puede matar sin consecuencias.
