El asesinato de Willy Pérez Quiroz, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Zarabanda en el barrio Olaya Herrera, ha sacudido a Cartagena de Indias. El crimen ocurrió en la vereda La Concordia, zona donde también ejercía un liderazgo activo. Más allá del dolor, lo que ha dejado este hecho es una sensación de abandono institucional, indiferencia oficial y desprecio por quienes defienden a sus comunidades.
Pérez no era un nombre más en el movimiento comunal. Era un gestor de soluciones reales, un líder que conocía las necesidades del territorio y no temía denunciar. Sin embargo, a su entierro no asistió ni el alcalde Dumek Turbay, ni el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Bruno Hernández, ni siquiera el director del Instituto de Desarrollo Comunal, Geverson Ortiz Soto, quien a menudo se presenta como defensor de los líderes comunales, pero cuya ausencia fue notoria y dolorosa.
¿Líderes comunales solo importan en época electoral? La realidad parece gritar que sí. En Cartagena, los líderes comunales son exaltados con abrazos y discursos vacíos durante las campañas, pero cuando alzan la voz para denunciar abandono, violencia o corrupción, reciben contentillos o silencio absoluto. Y cuando uno de ellos es asesinado, como en este caso, el sepelio es pobre, casi invisible para un gobierno que no se inmuta.
“Los comunales estamos a la deriva. No tenemos protección, ni seguros, ni salarios dignos. Solo la voluntad de servir. Hoy enterramos a uno de los nuestros y ni eso pareció importarle al gobierno”, expresó con rabia una lideresa.
El entierro de Pérez fue este martes 22 de julio en el cementerio del barrio Ternera, en medio del dolor de su familia, amigos y compañeros comunales. Fue un adiós silencioso por parte de la administración distrital, que brilló por su ausencia, mientras el Instituto Comunal, creado precisamente para respaldar a estos líderes, guardó un silencio que retumba como una bofetada.
El asesinato de un líder social como Willy Pérez Quiroz, vuelve a poner sobre la mesa la grave situación de inseguridad en Cartagena. Las Juntas de Acción Comunal, que deberían ser centros de organización y desarrollo, están siendo utilizadas —según denuncian comunales— como fortines políticos, sin garantías ni herramientas reales para transformar sus comunidades.
Desde 2008, Willy Pérez fue una voz incansable en la lucha por servicios básicos, vías dignas, y el acceso a apoyos institucionales para su comunidad. Su legado es incuestionable, pero su asesinato deja al descubierto una dolorosa realidad: un gobierno más enfocado en adjudicar contratos de infraestructura que en proteger la vida de quienes defienden el tejido social desde los territorios.
“Con su muerte perdemos una voz que no se rendía, un liderazgo que no se vendía”, recordó un veedor ciudadano.
Las autoridades han anunciado investigaciones, pero la ciudadanía ya no cree en comunicados vacíos ni en promesas recicladas. Exigen justicia, protección y acciones reales, no frases de condolencia ni comunicados de último minuto. Los líderes comunales están cansados de ser carne de cañón en una ciudad donde defender al pueblo puede costar la vida.
“Si no protegen a quienes luchan por el pueblo, el crimen seguirá ganando terreno en Cartagena”, fue el clamor general durante las exequias.
La pregunta queda en el aire, punzante y dolorosa: ¿Cuántos líderes más deben morir para que Cartagena despierte y proteja a quienes la sostienen desde sus barrios?
