El centro comercial Mall Plaza, uno de los más concurridos y modernos de Cartagena, se ha convertido en escenario recurrente de una peligrosa modalidad delictiva que deja víctimas con las cuentas bancarias vacías, celulares hackeados y la esperanza de justicia sepultada entre trámites burocráticos y puertas cerradas.
El caso más reciente y alarmante es el de una mujer que temiendo por su seguridad, pidió mantener su identidad en reserva. Fue víctima de un robo ejecutado con precisión quirúrgica, como si los delincuentes tuvieran entrenamiento en espionaje digital. Su historia revela no solo el actuar de una red delictiva bien estructurada, sino también la desidia institucional y la inseguridad creciente en espacios que deberían ser seguros para toda la ciudadanía.
“Me sacaron el celular del bolso dentro del Mall Plaza, lo desbloquearon, ingresaron a todas mis apps bancarias y me dejaron con las cuentas en ceros, tarjetas de crédito sobregiradas y una sensación de vulnerabilidad absoluta”, narró la afectada.
El robo ocurrió el sábado 19 de julio entre las 6:00 y 6:15 p. m., cuando ingresó con sus hijos una tienda de ropa. Al notar la desaparición del teléfono, inició un desesperado intento por recuperarlo, creyendo en la buena fe de una mujer que llamó a sus contactos asegurando haberlo “encontrado” y ofreciéndose a devolverlo… pero nunca lo hizo.
¿Cómo es posible que en uno de los centros comerciales más visitados de Cartagena opere una banda sin que nadie los detenga? La víctima asegura que los ladrones transfirieron el dinero a través de aplicaciones como Nequi, Daviplata y Tranfiya, valiéndose de su Face ID y claves digitales. Lo inquietante es que lo hicieron con total impunidad, vulnerando la supuesta “seguridad” del iPhone y exponiendo la fragilidad de los sistemas bancarios ante la delincuencia organizada.
Las sospechas apuntan a una red conocida como “Las Carteritas”, integrada presuntamente por mujeres expertas en cosquilleo y manipulación tecnológica, que delinquen en varios centros comerciales.
Según versiones, roban los teléfonos para luego cometer fraudes financieros sistemáticos. A pesar de esto, la administración del centro comercial se negó a entregar los videos de seguridad directamente a la víctima, argumentando que solo la Fiscalía puede solicitarlos, dejando una vez más a la ciudadanía sin acceso a respuestas inmediatas.
«¿Cómo es posible que un centro comercial de esta envergadura no tenga un protocolo efectivo de seguridad? ¿Por qué las víctimas deben pasar por un laberinto burocrático para acceder a una simple cámara de seguridad?»
Este hecho no es aislado. Es una alerta roja que exige acciones inmediatas por parte de las autoridades locales, la Policía Metropolitana y la administración de los centros comerciales. Urge una intervención contundente: mayor presencia policial, revisión de esquemas de seguridad privada y colaboración activa con las víctimas. Lo contrario es condenar a los cartageneros a vivir en una ciudad donde los ladrones tienen más poder que la ley.
