Después de tres décadas marcadas por la informalidad y la incertidumbre jurídica, las familias del barrio Primero de Enero, en Calamar, Bolívar, comienzan a ver cumplido un anhelo largamente postergado: convertirse en propietarias legales de los terrenos que han habitado durante generaciones. Este avance se da en el marco del programa “Bolívar, Tierra de Propietarios”, lanzado por la Gobernación departamental y liderado por el gobernador Yamil Arana Padauí.
En un acto simbólico cargado de emoción, el mandatario departamental anunció el inicio del proceso de titulación de predios para cerca de 200 personas que, desde los años 90, viven en este sector sin tener respaldo legal sobre sus viviendas. Aunque los lotes fueron adjudicados en su momento, la falta de voluntad política, trámites estancados y ausencia de seguimiento institucional dejaron en el limbo jurídico a estas familias durante décadas.
“Estamos cerrando una deuda con la historia de Calamar. Hoy no se trata solo de entregar un título de propiedad, se trata de entregar dignidad, seguridad jurídica y oportunidades para acceder a créditos, servicios y mejoras en la vivienda”, afirmó el gobernador Arana, visiblemente emocionado.
El programa no se limita a la entrega de títulos. Según explicó la secretaria de Planeación, Susana Puerta, la iniciativa contempla una caracterización técnica y social casa a casa, realizada por topógrafos y trabajadores sociales, para evaluar las condiciones de cada núcleo familiar y priorizar intervenciones complementarias como mejoramiento de vivienda, legalización de servicios públicos y oferta social.
Además, la Alcaldía de Calamar, en cabeza del alcalde (nombre no incluido en la nota original), presentará al Concejo Municipal un proyecto de acuerdo para exonerar del impuesto predial a las familias beneficiadas, garantizando que los títulos lleguen libres de deudas acumuladas y sin barreras económicas.
El barrio Primero de Enero será el piloto de un modelo que la Gobernación planea expandir en otras zonas del departamento. Actualmente, ya se tiene autorización para titular hasta 1.600 predios en Cartagena, Magangué y otras zonas de Calamar.
“Lo que hacemos aquí puede convertirse en una política pública replicable en todo el Caribe. Legalizar no es regalar; es reconocer derechos que históricamente han sido ignorados”, sostuvo Susana Puerta.
Durante su visita, el gobernador también inspeccionó las obras del proyecto de alcantarillado sanitario, que avanza con un 66% de ejecución y una inversión superior a los 30 mil millones de pesos por parte de la Gobernación y el Gobierno Nacional. El proyecto beneficiará a más de 16 mil habitantes del casco urbano de Calamar.
Las obras incluyen colectores principales, redes secundarias, estaciones de bombeo y una subestación eléctrica. El mandatario también anunció que, tras gestiones recientes en Bogotá, se aseguraron recursos adicionales para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y para una tercera etapa de expansión, con el fin de lograr cobertura total.
Lo que está ocurriendo en Calamar trasciende el corte de cintas y las entregas simbólicas. Es el inicio de una restitución silenciosa de derechos, en un país donde millones aún viven en predios sin legalizar, sin servicios y sin certezas.
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El desafío no es solo jurídico o técnico, es social y político: reconocer que ser propietario en Colombia sigue siendo, para muchos, un privilegio cuando debería ser un derecho básico.
Con el programa “Bolívar, Tierra de Propietarios”, el departamento da señales de que sí es posible cambiar realidades históricas con voluntad, enfoque territorial y visión social. Pero también se lanza un reto al futuro: que este proceso no se quede en promesas ni titulares, sino que se convierta en política de Estado y justicia permanente para los más olvidados.
