Continuando con el texto de la semana anterior, expondremos en el presente texto las cinco propuestas finales para implementar una política pública de seguridad sustentada en IA.
En un país donde los homicidios, la extorsión, el microtráfico y los delitos callejeros no ceden, y donde la capacidad estatal sigue limitada en muchas regiones, pensar en seguridad del siglo XXI exige dar un salto: pasar del enfoque reactivo a uno predictivo, apoyado en inteligencia artificial (IA).
Aunque este concepto suele sonar a ciencia ficción o a vigilancia distópica, su implementación responsable y democrática puede ser una herramienta poderosa para salvar vidas, reducir la criminalidad y mejorar la confianza institucional. Aquí propongo cinco líneas estratégicas para avanzar hacia una política de seguridad basada en IA en Colombia.
Se trata de cinco propuestas clave, concretas y estratégicas para implementar un plan de seguridad pública basada en inteligencia artificial (IA), aplicables especialmente a Colombia, que combina contextos urbanos complejos, zonas rurales con baja presencia estatal y desafíos históricos en derechos humanos.
- Crear el Sistema Nacional de Predicción y Prevención del Crimen (SINAPRE-C): el objetivo es anticipar delitos antes de que se presenten mediante el análisis predictivo de datos.
¿Cómo funcionaría? Mediante IA entrenada con bases de datos históricas delictivas, condiciones socioeconómicas, movilidad urbana y clima. Identificación de “zonas calientes” (hotspots) en tiempo real. Y la generación de alertas automáticas para patrullaje proactivo, vigilancia aérea y respuesta rápida.
- Dar apertura a la Red de Vigilancia Inteligente Ciudadana (REVIS-C): el objetivo es transformar el sistema de cámaras públicas y privadas en una red conectada con análisis inteligente.
¿Cómo funcionaría? Con cámaras con reconocimiento facial y de comportamiento (personas armadas, vandalismo, abandono de objetos). Integración con bases de datos judiciales bajo control legal y judicial. Alertas automáticas para emergencias o patrones anómalos.
Esto requiere dos cosas: un marco legal estricto de protección de datos (Ley 1581/2012). Y un control externo por parte de la Procuraduría y la sociedad civil.
- Crear la plataforma nacional de análisis en tiempo real (P- NAT): el objetivo es unificar toda la información de seguridad del Estado en una sola plataforma impulsada por IA.
¿Cómo funcionaría? Mediante datos integrados desde denuncias ciudadanas, líneas 123, sensores IoT, redes sociales y drones sofisticados, dado que algunos de ellos son obsoletos. IA diseñada para analizar puntualmente el lenguaje natural a fin de detectar amenazas emergentes (por ejemplo, violencia de género, disturbios, extorsión). Y un panel de control centralizado para tomadores de decisiones en Policía, Fuerzas Militares, y entes territoriales como alcaldías y gobernaciones.
Ello tendría dos ventajas: la primera, Romper la fragmentación entre entidades. Y la segunda, reducir la burocracia ineficaz y costosa en la respuesta a emergencias.
- Crear el Sistema de Riesgo de Reincidencia y Atención temprana (SRRAT): el objetivo es identificar a personas en riesgo de reincidir en la comisión de delitos o reingresar a ciclos de violencia.
¿Cómo funcionaría? Mediante IA destinada a analizar variables como historial judicial, redes familiares, violencia intrafamiliar, consumo de sustancias, etc, la cual clasificaría lo anterior en riesgo bajo, medio o alto. Ello con el fin de activar rutas de intervención: apoyo psicosocial, atención judicial, oportunidades educativas. Para ello tendríamos que involucrar a instituciones como el ICBF, el Ministerio de Justicia, Policía Nacional, Ministerio de Educación y SENA.
- Crear el Sistema Nacional de Ética y Transparencia en IA para la Seguridad: el objetivo es evitar abusos de la autoridad administrativa, así como sesgos y pérdida de confianza y credibilidad en el sistema de IA de seguridad.
¿Cómo funcionaría? Como un órgano independiente conformado por expertos en derechos humanos, ciencia de datos, ciberseguridad y sociedad civil. Este sistema evaluaría algoritmos cada seis meses para detectar sesgos o impactos desproporcionados, y publicaría informes abiertos para garantizar transparencia en la gestión y administración de la misma. Esto generaría un gran valor y es garantizar legitimidad ciudadana y prevención de vigilancia masiva e invasiva sin control.
