El Juzgado Trece Penal Municipal de Cartagena admitió una acción de tutela contra la Gobernación de Bolívar e IDERBOL, interpuesta por el ingeniero Álvaro González Álvarez, quien denunció públicamente que el instituto deportivo estuvo al mando de un funcionario inhabilitado por la ley.
La tutela ordena a las entidades accionadas entregar un informe detallado en 48 horas, bajo la advertencia de que si no lo hacen, los hechos se tendrán por ciertos. Pero eso es solo el inicio del escándalo.
La tutela va acompañada de una denuncia penal de alto calibre. Según el denunciante, Ariel Enrique Zambrano Meza ejerció como gerente de IDERBOL pese a estar inhabilitado legalmente desde el 28 de febrero de 2025, por una sanción fiscal de más de $2.500 millones, vigente y registrada en el Boletín de Responsables Fiscales (SIBOR).
Esa sanción —derivada del cuestionado proyecto “Caregato” de la UNGRD en La Mojana— le impedía ejercer cualquier cargo público por cinco años. No obstante, Zambrano permaneció al frente del instituto hasta finales de junio, en una clara violación a la Ley 734 de 2002, que regula el régimen disciplinario de los servidores públicos.
Pero este caso no apunta solo a Zambrano. La denuncia penal también señala directamente al gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, por presuntamente permitir la permanencia del funcionario a pesar de advertencias públicas, alertas institucionales e incluso publicaciones periodísticas previas.
De hecho, fue solo después de una columna investigativa publicada por 724 | Noticias el pasado 24 de junio, que Zambrano habría renunciado silenciosamente, aunque hasta el momento no se ha publicado ningún acto administrativo que confirme su desvinculación formal. 🔥ZC | Ariel Zambrano, señalado por pérdida de más de $2.500 millones en la UNGRD
La denuncia ante la Fiscalía General de la Nación advierte la posible comisión de los siguientes delitos:
- Violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades
- Prevaricato por acción
- Prevaricato por omisión
- Peculado por apropiación (por recibir pagos del erario estando impedido legalmente)
📌 El derecho de petición ignorado
Álvaro González Álvarez acudió inicialmente a un derecho de petición para obtener claridad sobre la situación contractual de Zambrano Meza. Pero al no recibir respuesta, se vio obligado a interponer la acción de tutela.
Los documentos solicitados, y aún no entregados, son claves:
- Copia de la resolución o decreto de nombramiento de Ariel Enrique Zambrano Meza como gerente de IDERBOL.
- Confirmación de si Zambrano aún ostenta el cargo, y en caso contrario, copia del acto administrativo de su desvinculación.
- Todos los nombramientos, contratos y decretos suscritos por la Gobernación o sus entes descentralizados con Zambrano.
- Decretos de vacaciones solicitadas y aprobadas desde su nombramiento.
Hasta el momento, no hay respuesta oficial de la Gobernación ni de IDERBOL. El silencio institucional es escandaloso, y las preguntas crecen:
- ¿Quién autorizó el nombramiento de un funcionario inhabilitado?
- ¿Por qué se ignoraron las alertas del SIBOR y la Procuraduría?
- ¿Qué entidad realizó los pagos con cargo al erario?
- ¿Qué consecuencias tendrán quienes omitieron actuar?
Este caso expone la fragilidad del sistema de control institucional, la negligencia administrativa y la facilidad con la que en Colombia se burla el régimen de inhabilidades, incluso con sanciones fiscales multimillonarias. Mientras tanto, IDERBOL, una entidad que debería ser símbolo de transparencia y desarrollo deportivo, hoy se ve envuelta en una grave crisis de legitimidad.
