El Gobierno del Atlántico celebra el aval parcial otorgado por la autoridad ambiental, pero la carrera contra la erosión no ha terminado: la licencia definitiva aún está en trámite y la amenaza avanza más rápido que la burocracia.
En el corregimiento de Santa Verónica, municipio de Juan de Acosta, Atlántico, el mar se ha convertido en una amenaza. Donde antes se extendía una playa viva y turística, hoy hay estructuras colapsadas, vías en riesgo y un temor creciente entre los habitantes que dependen del turismo para subsistir. Pero esta semana, una luz de esperanza llegó desde Bogotá.
La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dio vía libre, aunque de forma excepcional y condicionada, a las obras urgentes que buscan frenar el avance implacable de la erosión costera en esta zona del Caribe colombiano. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, celebró el anuncio como una bocanada de aire frente a un problema que llevaba años carcomiendo el terreno, las viviendas y las oportunidades.
“Esta autorización temporal es una victoria para Santa Verónica. Ahora podemos avanzar en la contratación de obras con base en estudios científicos hechos por la Universidad del Magdalena”, señaló Verano.
Las obras aprobadas en esta etapa incluyen la construcción de cuatro espolones de roca dura, de hasta 70 metros de longitud, y el relleno con 250.000 metros cúbicos de arena para recuperar parte de la playa que ha sido devorada por el oleaje. La inversión será de 90.000 millones de pesos, recursos ya asegurados por el gobierno departamental.
Los espolones no solo tienen un propósito estructural, sino también económico: reducir la energía del oleaje y regenerar el perfil costero significa proteger casas, vías, negocios turísticos y, sobre todo, el modo de vida de una comunidad que depende en más del 80% del turismo. Una intervención a destiempo sería letal para la economía local.
La autorización de la ANLA no es una carta blanca. Se trata de una medida temporal, limitada exclusivamente a las estructuras más urgentes, y no sustituye el trámite completo del licenciamiento ambiental, que debe continuar. Es decir, mientras las máquinas puedan iniciar labores en los puntos críticos, el proceso burocrático sigue en paralelo.
“El proceso de licencia ambiental definitiva sigue siendo un requisito. Esta intervención no exonera del Estudio de Impacto Ambiental ni del cumplimiento de la normatividad vigente”, advirtió la ANLA en su oficio.
La alerta no es nueva. La Universidad del Magdalena, en su estudio técnico, documentó un retroceso acelerado de la línea costera, colapsos en infraestructura contigua a la vía principal y una amenaza tan inminente que supera la capacidad de respuesta de las autoridades locales. Tanto la Gobernación como el municipio declararon urgencia manifiesta. Sin embargo, el trámite ambiental solo se destrabó después de evidencias incontestables.
La gente en Santa Verónica no habla en tecnicismos. Habla del kiosco que se cayó, del turista que ya no viene, de la calle que quedó cortada y de las ventas que bajaron. Por eso, mientras la ANLA otorga un permiso temporal y el gobierno acelera la contratación, en el corregimiento se espera que esta no sea otra promesa a medias, sino el comienzo real de una defensa seria y sostenida contra la erosión.
