Desde que Gustavo Petro llegó al poder, cada discurso, cada intervención en redes sociales, y cada declaración suya o de su círculo cercano tiene un blanco común: Álvaro Uribe Vélez. Es una obsesión política, un ensañamiento sistemático, una persecución calculada que va mucho más allá del debate ideológico.
Lo que enfrenta hoy el expresidente no es simplemente un proceso judicial, es una estrategia política de desgaste y de anulación, ejecutada por el presidente, su séquito de izquierda y sus alfiles más fieles: Iván Cepeda, el ex fiscal Eduardo Montealegre, y todos aquellos que jamás le perdonaron a Uribe haberles impedido tomarse el país a sangre y fuego.
El juicio contra Álvaro Uribe Vélez no nació de una investigación objetiva. Nació de una denuncia legítima que el expresidente interpuso contra Iván Cepeda, a quien señaló de manipular testigos y de buscar declaraciones falsas para vincularlo a estructuras paramilitares. Sin embargo, en una voltereta jurídica sin precedentes, fue Uribe quien terminó investigado, sindicado y hoy en juicio. ¿Cómo se explica que quien denuncia un delito termine siendo el acusado? La respuesta es clara: cuando el sistema judicial está permeado por intereses ideológicos, la verdad deja de importar.
Durante todo este proceso ha quedado en evidencia, en múltiples audiencias, que varios testigos señalaron directamente a Cepeda de haberlos buscado con ofertas y beneficios a cambio de acusar a Uribe. Varios de ellos se retractaron públicamente y denunciaron haber sido instrumentalizados y sin embargo, la Fiscalía, en lugar de cerrar el caso por falta de méritos y pruebas contundentes, ha insistido, una y otra vez, en llevarlo hasta las últimas consecuencias, como si se tratara de una cruzada sagrada.
No pudieron condenarlo por los «falsos positivos», pese a que su gobierno fue el primero en denunciarlos y castigarlos. No lograron vincularlo por las Convivir, pese a que fueron creadas bajo el amparo de la ley. No hubo una sola prueba que lo incriminara por homicidios o masacres, a pesar de los miles de intentos por parte de ONGs con sesgo ideológico.
La izquierda necesitaba otra vía: un proceso enredado, manipulado, politizado, para intentar derrotar no solo a Uribe, sino lo que representa: el freno más sólido y coherente que ha tenido la izquierda radical en Colombia.
Porque en el fondo, lo que buscan no es justicia. Lo que buscan es silenciar a quien, durante más de dos décadas, les ha impedido consumar su agenda. A Uribe lo quieren bloquear, anular, encarcelar o al menos mantener asediado para evitar que vuelva a ocupar un rol central en la política nacional. Saben que es el único capaz de agrupar fuerzas en torno a la defensa del orden, la seguridad, la inversión, la propiedad privada y el respeto por la institucionalidad.
Petro ha utilizado su poder presidencial para alentar este proceso. Sus mensajes en X (antes Twitter), sus declaraciones en tarimas, incluso sus silencios, han sido gasolina para un juicio político encubierto de formalidad judicial. Y junto a él, personajes como Cepeda y Montealegre, han dedicado años a construir un relato, no una verdad. Un relato que sirva de base para justificar lo injustificable: la persecución a un hombre por el simple hecho de haberles ganado la batalla ideológica y militar cuando fue presidente.
Hoy, mientras el país se desangra por la arremetida del ELN, las disidencias de las FARC y las bandas del narcotráfico, el gobierno del «cambio» prefiere dedicar tiempo y recursos a perseguir a Uribe. Paradójicamente, el mismo Estado que premia a los bandidos con curules, subsidios, protección y viáticos, quiere ver tras las rejas a quien puso el pecho por Colombia.
Este no es un juicio más. Es el juicio del siglo, no por el peso del expediente, sino por su impacto simbólico. Si logran acallar a Uribe, habrán logrado quitarse de encima al único contradictor real, al único que les ha dicho las cosas de frente, sin miedo, con hechos. Si lo encarcelan, no será la justicia la que triunfe, sino la revancha ideológica del narcoterrorismo que hoy viste de civil.
Uribe no necesita impunidad, necesita garantías. Y Colombia necesita entender que, más allá de simpatías o diferencias políticas, no se puede permitir que la justicia se utilice como instrumento de persecución. Porque si hoy es Uribe, mañana puede ser cualquiera que se atreva a enfrentar al poder con coraje y convicción.
