En la historia reciente de Colombia, pocos procesos judiciales han sido seguidos con tanta atención como el que ha enfrentado el expresidente Álvaro Uribe Vélez. No se trata solo de un juicio penal. Es, en esencia, una confrontación simbólica entre dos visiones de país, entre la legalidad y el poder político, entre la justicia y la persecución ideológica. Y en el centro de esa balanza, ha estado la jueza Sandra Heredia, quien, desde mucho antes de anunciar su decisión, ha venido dejando señales claras de cuál será el desenlace: una condena anunciada.
Desde la audiencia de imputación, la juez adoptó un tono inquisitivo que llamó la atención por su dureza. Su postura fue rígida frente a la defensa, pero extrañamente complaciente frente a los argumentos de la Fiscalía y los representantes de víctimas, estos últimos claramente alineados ideológicamente con sectores de izquierda. Esta asimetría procesal ha marcado el desarrollo del juicio y ha generado legítimas dudas sobre la imparcialidad del proceso.
A lo largo del juicio, el expediente ha sido nutrido con una serie de pruebas documentales y testimoniales que favorecen a Uribe Vélez. Entre ellas, se destacan interceptaciones que demuestran la existencia de un complot para involucrarlo en el delito de manipulación de testigos. También, declaraciones bajo juramento que refutan la supuesta presión a testigos. Sin embargo, la juez Heredia, lejos de ponderar con objetividad este material probatorio, ha optado por desecharlo bajo argumentaciones débiles, señalando supuestas “inconsistencias” que, en el fondo, no hacen más que desconocer el principio de presunción de inocencia.
Uno de los elementos más alarmantes ha sido el tratamiento que ha recibido el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella del caso. A pesar de que su versión ha cambiado en múltiples ocasiones, y de que existen grabaciones donde se evidencian presiones externas e incluso manipulaciones, la juez ha decidido otorgarle plena credibilidad, bajo el argumento de “contexto de victimización”. Esta lógica perversa convierte en verdad todo lo que dice quien se presenta como víctima, aunque esté probado que mintió.
El análisis jurídico de la prueba ha sido fragmentado. Mientras se desestima lo que favorece al acusado, se sobredimensiona lo que lo incrimina, aún si es débil o está viciado. Esto contraría principios elementales del derecho penal como el in dubio pro reo, que obliga a fallar a favor del acusado cuando hay duda razonable. Y duda es lo que sobra en este caso, si se analiza con rigor y no con prejuicio político.
La juez Heredia ha querido aparentar una postura salomónica, de equilibrio judicial, pero en la práctica ha asumido el rol de una Pilatos posmoderna: se lava las manos, pero entrega al acusado al linchamiento simbólico, mediático y político. Lo condena sin asumir la responsabilidad total de la condena, escudándose en formalismos, tecnicismos y en una pretendida “ponderación jurídica” que, en el fondo, es ideología disfrazada de toga.
No podemos ignorar el contexto político que rodea este proceso. Desde que Gustavo Petro asumió la presidencia, ha existido una narrativa constante desde el poder ejecutivo y sus aliados, dirigida a estigmatizar al expresidente Uribe. Esta narrativa ha permeado sectores de la opinión pública y, al parecer, también a algunos operadores judiciales. El “lawfare” (la utilización del aparato judicial para perseguir enemigos políticos) ya no es una amenaza lejana, sino una práctica instalada en el corazón de la institucionalidad.
La eventual condena de Álvaro Uribe Vélez no será el resultado de un proceso limpio, imparcial y ajustado a derecho. Será, más bien, la culminación de una cadena de decisiones jurídicas cargadas de sesgo, de una justicia que ha cedido a la presión ideológica y mediática. No es justicia, es vendetta disfrazada de fallo.
Como ciudadanos, debemos alzar la voz no por una persona, sino por el principio de legalidad. Porque hoy es Uribe, pero mañana puede ser cualquiera. La justicia no puede ser instrumento de revancha política. Colombia necesita una justicia valiente, no funcional al poder. De lo contrario, estaremos condenados a repetir esta historia.
Y entonces, cuando se escriba esta crónica en los libros de historia, la figura de la juez Heredia quedará como la copia fiel de Pilatos: no la que impartió justicia, sino la que se lavó las manos mientras otro pagaba por lo que no hizo.
