Lo que ha demostrado la jueza Sandra Heredia en su intervención durante la lectura del sentido del fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, es un preocupante viraje en la interpretación del Derecho Probatorio en Colombia. Y no se trata de un simple matiz jurisprudencial, sino de una profunda transgresión a los principios esenciales que rigen el debido proceso y la sana crítica en la valoración de la prueba.
Lo ocurrido en este juicio marca un antes y un después. Si lo que estamos presenciando le sucede al único expresidente en la historia reciente que ha comparecido como acusado ante la justicia ordinaria, ¿qué se puede esperar para un ciudadano del común, sin influencia, sin visibilidad mediática y sin una defensa robusta? La respuesta es tan clara como inquietante: estamos frente a una justicia peligrosamente arbitraria, contaminada por intereses ideológicos, y que ha mostrado señales de ceder ante presiones externas que no deberían tener cabida en un estrado judicial.
Durante más de dos horas, la juez Heredia se dedicó a construir un elaborado andamiaje de justificaciones, que lejos de sostenerse en la lógica probatoria, apuntan a respaldar una decisión que parece haber sido tomada de antemano: la condena. Cada argumento, cada razonamiento, parecía más un intento de legitimar un veredicto ya esbozado desde las etapas preliminares del proceso, que una exposición genuina de la ponderación objetiva de las pruebas.
En lugar de aplicar el principio de in dubio pro reo, columna vertebral del Derecho Penal garantista, la juez ha optado por una doctrina invertida: in dubio contra reum, es decir, la duda, lejos de beneficiar al acusado, parece reforzar su culpabilidad. Esta interpretación es no solo jurídicamente errada, sino profundamente lesiva para el sistema judicial en su conjunto.
La juez ha hecho caso omiso de pruebas exculpatorias fundamentales. Interceptaciones ilegales, testimonios contradictorios de testigos estrella como Juan Guillermo Monsalve (cuyo historial y motivaciones están severamente cuestionadas) e incluso la evidente falta de certeza sobre los hechos imputados, han sido pasadas por alto o interpretadas bajo una óptica sesgada, parcial, e ideologizada.
Este proceder erosiona el principio de sana crítica, según el cual el juez debe valorar la prueba conforme a reglas de la lógica, la experiencia y la ciencia. En cambio, lo que se ha visto es una especie de narrativa judicial, una construcción subjetiva que intenta encajar forzadamente dentro del esquema de una sentencia condenatoria. No es valoración objetiva de pruebas, es una relectura ideológica del expediente.
Y es que la intervención de la juez Heredia ha estado más cerca del discurso político que del razonamiento jurídico. En lugar de analizar fríamente cada prueba, ha tejido una especie de relato con cargas emocionales, apelando a contextos y significados más propios del activismo judicial que de la imparcialidad que debe revestir su rol.
Se ha dicho que solo un «timonazo» de última hora, lo suficientemente fuerte como para hacer crujir el barco sin que se hunda, podría cambiar el rumbo del fallo. Pero con cada palabra, con cada omisión significativa, la juez Heredia ha reafirmado su intención. Como si de un moderno Poncio Pilato se tratara, continúa lavándose las manos. Lo ha hecho una y otra vez, al punto que (como bien se ha dicho) corre el riesgo de quedarse sin piel.
Es innegable que la justicia debe ser igual para todos. Pero también es cierto que cuando se instrumentaliza, se convierte en un arma peligrosa contra los ciudadanos y contra la democracia. Este caso, más allá de Uribe, es un campanazo de alerta sobre la deriva que puede tomar la justicia en Colombia si no se defiende la imparcialidad judicial y el respeto al debido proceso.
Hoy no está en juego únicamente el futuro judicial de un expresidente, sino la credibilidad de todo el sistema. Porque si la balanza de la justicia se inclina por ideología, ningún ciudadano estará a salvo mañana.
