Antes de empezar aclaro que no tengo ningún apego a ideología política, mis opiniones son producto de una interpretación personal y jurídica, que de antemano sé que podre tener contradictores, absurdo seria lo contrario, así las cosas, continuo con el seguimiento a esta lectura de fallo que más parece un capítulo de show mediático, que antes de dejarnos tranquilos, generara una polarización mayor en el país y en ese orden de ideas aprovecho para pedir nuevamente mesura a todos sea cual sea el resultado final de este fallo.
Durante las casi tres horas que lleva la doctora Sandra Heredia en la lectura del sentido del fallo en el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se ha desdibujado la delgada línea que separa a un juez de un litigante. La ciudadanía, atenta y expectante, ha presenciado no una exposición serena, técnica y jurídica del caso, sino una suerte de alegato de cierre, parcializado, que parecería estar más cerca de la defensa de las supuestas víctimas que del ejercicio imparcial que debe caracterizar al operador judicial.
No deja de ser alarmante que quien representa el poder judicial, y por ende está llamada a garantizar los principios rectores del proceso penal (la imparcialidad, el debido proceso, la presunción de inocencia y el principio de objetividad) haya adoptado un tono y una narrativa que se perciben más afines a los intereses de una parte procesal que a la majestad de la justicia.
En lugar de fundamentar su decisión en hechos y pruebas claramente valoradas bajo criterios jurídicos, la juez ha optado por dar un extenso discurso en el que legitima, justifica y enaltece la versión de las supuestas víctimas, como si de su abogada defensora se tratara.
Desde el análisis del Derecho procesal penal, lo ocurrido hasta el momento es sumamente preocupante. El rol del juez en el sistema penal acusatorio es el de garante, el de tercero neutral que, desde su investidura, analiza con prudencia y ecuanimidad el material probatorio que las partes han allegado. Un juez no está para litigar ni para suplir deficiencias de la Fiscalía o de las víctimas; su labor no es política ni emocional, sino racional, jurídica y fundamentada.
Cuando una juez como Sandra Heredia convierte la lectura del fallo en una plataforma para justificar y amplificar la narrativa de una parte, sin contrastarla de manera equilibrada con la contraparte, no solo desnaturaliza su función, sino que pone en entredicho la legitimidad del sistema judicial colombiano. Si esto ocurre en el caso de un expresidente, figura de relevancia nacional y con capacidad de defensa técnica y mediática, ¿qué queda para los ciudadanos de a pie? ¿Para aquellos que enfrentan al aparato judicial sin visibilidad ni respaldo?
La preocupación es mayor si consideramos que el caso contra Álvaro Uribe ha estado atravesado por una alta carga de politización. Desde su inicio, ha sido instrumentalizado por sectores ideológicamente opuestos al expresidente, quienes han visto en este proceso la oportunidad perfecta para ajustarle cuentas a quien representa, para bien o para mal, una era política en Colombia. En ese contexto, el juez debía actuar con el mayor grado de prudencia y objetividad posible. Sin embargo, la actuación de Heredia hasta ahora parece estar más en sintonía con ese ejército de contradictores que con los postulados del Estado de Derecho.
No se trata de defender a Uribe por ser Uribe, ni de desconocer el papel de las víctimas en el proceso penal. Se trata de exigir que el debido proceso se respete, que las decisiones judiciales no se construyan sobre la base de prejuicios ideológicos, ni sobre la presión de la opinión pública o de actores políticos. La juez Heredia no puede permitir que su rol se contamine por narrativas externas al expediente. Ella no juzga a un personaje mediático, sino a un ciudadano que, como todos, tiene derecho a un juicio justo.
Con su prolongada exposición, que más parece una pieza acusatoria que una decisión judicial, la juez ha contribuido a debilitar la ya maltrecha confianza de los ciudadanos en la justicia. Y esto no es menor. Porque cuando la toga se mancha con parcialidad, el daño no se limita al caso concreto, sino que erosiona las bases del Estado Social de Derecho.
Estamos ante una justicia que parece más interesada en complacer a ciertos sectores políticos y sociales, que en ejercer su función con decoro y responsabilidad institucional. Hoy, la pregunta que muchos nos hacemos es si Sandra Heredia actuó como juez de la causa o como parte interesada. Y si la respuesta se inclina hacia lo segundo, entonces estamos frente a un hecho gravísimo que amerita no solo el rechazo ciudadano, sino la revisión rigurosa por parte de los órganos de control judicial.
La justicia no puede ser ni espectáculo, ni tribuna ideológica, ni venganza personal. Cuando lo es, pierde su esencia, su legitimidad y su razón de ser.
