Durante los últimos días, el país ha estado expectante ante una posible condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hoy, sectores de izquierda celebran lo que consideran un triunfo parcial. Las redes sociales hierven, los medios se inflaman y los contradictores del exmandatario ya festejan anticipadamente, imaginando al líder del uribismo vestido de rayas y esposado rumbo a La Picota. Pero antes de que canten victoria, conviene recordar que el sistema judicial colombiano —a diferencia de las redes sociales— no se rige por la histeria, sino por procedimientos. Y lo que sigue, incluso ante un eventual fallo condenatorio, está lejos de esa escena carcelaria que muchos ansían.
En primer lugar, hay que decirlo sin rodeos: una condena en primera instancia no implica cárcel inmediata. De hecho, ni siquiera implica el cumplimiento automático de la pena. La jueza Sandra Heredia tendrá hasta 15 días hábiles para emitir la sentencia completa, es decir, no solo el fallo, sino la determinación concreta de la pena, la cuantificación exacta de los años y las condiciones en que esta se cumpliría. Solo entonces la defensa podrá apelar.
Una vez notificada la sentencia, la defensa del expresidente contará con 10 días hábiles para interponer el recurso de apelación ante el Tribunal Superior correspondiente, que podría ser el de Bogotá o el de Cundinamarca. Y aquí entra un matiz importante que pone paños fríos a la euforia de sus opositores: el Tribunal tiene hasta 20 días hábiles para decidir sobre esa apelación, pero si la complejidad del caso lo justifica (y este, sin duda, lo es), ese plazo puede extenderse hasta por 60 días hábiles adicionales. Esto, en términos reales, podría alargar el proceso fácilmente hasta octubre o noviembre.
¿Y si el Tribunal confirma la condena? Pues la defensa aún puede interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, un mecanismo extraordinario que busca revisar posibles errores de derecho cometidos en las decisiones anteriores. Esta etapa no es automática: la Corte debe admitir el recurso, y si lo hace, su análisis puede tardar varios meses. Hasta que no haya una sentencia definitiva en firme, Uribe sigue gozando del principio de presunción de inocencia, como cualquier ciudadano.
Pero aquí entra un elemento importante del calendario: si antes del 8 de octubre de 2025 no se ha emitido una sentencia firme, el caso podría prescribir, lo que significa que se extinguiría la acción penal por vencimiento de términos. En otras palabras: ni condena, ni cárcel, ni nada. La justicia, que muchos hoy ven como una herramienta de revancha política, también está limitada por los tiempos procesales. Y estos no se aceleran por la ansiedad colectiva ni por los trending topics.
Esta realidad jurídica pone en entredicho la narrativa vengativa que algunos sectores han construido alrededor del caso Uribe. No se trata de impunidad ni de privilegios; se trata de las garantías del debido proceso, las mismas que deberían aplicarse para todos los ciudadanos, sin importar su posición política o el odio que susciten.
Además, vale la pena preguntarse: ¿por qué tanta gente necesita ver a Uribe en la cárcel para sentir que hay justicia? ¿Acaso la justicia no debería consistir en la verdad probada, en el respeto a la ley y en la aplicación imparcial de las normas, más allá del deseo de venganza?
En definitiva, si bien el proceso contra Álvaro Uribe ha sido profundamente politizado en lo mediático y lo simbólico, lo que viene después de una eventual condena está regulado por códigos, términos y recursos legítimos. La justicia no es un espectáculo ni un ring ideológico. Es una estructura garantista que, precisamente por eso, puede parecer lenta, pero que asegura que nadie sea condenado sin las debidas garantías.
A quienes hoy celebran por anticipado, sería bueno recordarles que los fallos judiciales no se escriben con rabia ni con likes. Se construyen con pruebas, con derecho y, sobre todo, con respeto al debido proceso. Todo lo demás es pura sed de revancha.
