Ariel Enrique Zambrano Meza no solo era un funcionario más: era el alfil predilecto del senador liberal Lidio García Turbay, actual presidente del Senado. Gracias a esa palanca, saltó de la Oficina de Gestión del Riesgo en Bolívar a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y de ahí a dirigir IDERBOL en reemplazo de Pedro Alí Alí. Su carrera pública no se construyó sobre méritos técnicos, sino sobre favores políticos, cuotas partidistas y silencios estratégicos.
Desde que puso un pie en el sector público en 2014, aterrizó de pie en cada nombramiento. Primero bajo el ala del diputado Carlos Feliz Monsalve y luego bajo la sombra protectora de Lidio García Turbay, quien lo instaló en la UNGRD como cuota liberal durante el gobierno Duque.
En 2022, Vicente Blel Scaff lo premió con la dirección de IDERBOL, a pesar de los serios cuestionamientos que ya lo rondaban. Y en 2024, el actual gobernador Yamil Arana decidió seguir respaldándolo, contra toda lógica institucional. Pero el escándalo le estalló en la cara y ahora el aterrizaje es abrupto: su salida ya es un hecho consumado.
El abogado y comunicador Julio Morelos, actual jefe jurídico del instituto y exsecretario del Concejo de Cartagena, asumió como director encargado. Zambrano Meza oficialmente de vacaciones, ya no volverá. Su carrera pública quedó sepultada por una inhabilidad que lo borra del mapa burocrático: el Boletín de Responsables Fiscales ya lleva su nombre.
La caída no es menor. Pesa sobre él un fallo fiscal por casi $1.000 millones, emitido por la Contraloría General, tras hallarlo responsable de irregularidades y sobrecostos durante la compra de kits alimentarios en plena pandemia de la Covid-19. Desde su cargo como subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, Zambrano avaló pagos por kits que llegaron incompletos y con precios inflados.
El dictamen fue demoledor: su actuación fue “omisiva y negligente”, y facilitó un detrimento patrimonial de $781 millones solo por sobrecostos, más lo correspondiente a productos faltantes. El hambre de miles de familias se cruzó con el festín de contratistas.
La excusa de Zambrano —que no podía verificar las entregas personalmente por las restricciones de la pandemia— fue desmontada con facilidad: la Contraloría le recordó que sí existían mecanismos alternativos de control, como los entes territoriales o informes técnicos.
Como si fuera poco, enfrenta además un pliego de cargos de la Procuraduría por presunta “omisión grave” durante el colapso del Jarillón de Caregato, en la Mojana bolivarense. Una doble bomba ética y disciplinaria que dinamita sus posibilidades futuras.
Pero el verdadero temblor no está solo en IDERBOL. El epicentro político de este derrumbe se ubica en el corazón del poder liberal en Bolívar. La ficha más visible de Lidio García en el departamento se desploma por corrupción justo cuando el senador se sienta en la silla presidencial del Congreso.
El mensaje es claro: el poder clientelista ya no garantiza blindaje eterno. Y aunque la justicia llegue con paso lento, cuando muerde, deja huella.
