La adjudicación por un monto superior a los $110 mil millones habría favorecido a consorcio inhabilitado; Fiscalía ya investiga, y el caso también fue puesto en conocimiento de la Procuraduría y la Contraloría por posible daño patrimonial al Estado.
Una tormenta política y judicial empieza a gestarse en el corazón de la Alcaldía de Cartagena, luego de que saliera a la luz una denuncia penal que pone en tela de juicio la transparencia del proceso contractual SAMC-SEGD-002-2025, adjudicado al Consorcio Redes CCC para la construcción del alcantarillado sanitario en Bayunca y Pontezuela.
El denunciante, Álvaro González Álvarez, asegura que el consorcio beneficiado tenía obligaciones pendientes con la EPS Sura al momento de la adjudicación, lo que, de confirmarse, habría significado una inhabilidad legal para contratar con el Estado. Sin embargo, los documentos oficiales entregados por la Alcaldía habrían omitido esta información crítica, abriendo la puerta a presuntas irregularidades de fondo y forma.
“Aquí no solo hubo omisión, sino posiblemente manipulación de información para favorecer a un proponente que no cumplía con los requisitos”, afirmó González Álvarez.
Según consta en la denuncia radicada ante la Fiscalía, el documento titulado “Consolidado Observaciones Traslado Bayunca.pdf” certifica que el consorcio no tenía deudas con la seguridad social. Pero el denunciante afirma contar con pruebas que demostrarían lo contrario.
Entre los hechos que podrían configurar delitos penales, se mencionan: Falsedad en documento privado, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción y omisión, cuyas penas asociadas a estas conductas superan los 18 años de cárcel, además de sanciones económicas e inhabilidades para ejercer funciones públicas.
Los funcionarios y particulares señalados en la denuncia son:
- María Patricia Porras Mendoza, Secretaria General.
- Laura Vanessa Menco Ruz, Asesora Jurídica Externa e integrante del Comité Evaluador.
- Ligia Cecilia Andrade Bustillo, Profesional Especializado, Evaluadora Jurídica e integrante del Comité Evaluador.
- Alejandro Enrique Figueroa Polo, Asesor Financiero Externo e integrante del Comité Evaluador.
- Juan Sebastián Peña Huertas, Asesor Técnico Externo e integrante del Comité Evaluador.
- Carlos Mario Ordosgoitia Liñán, Asesor de planta.
- Milton José Pereira Blanco, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
- Wilmer Enrique Iriarte Restrepo, Secretario de Infraestructura.
Particulares vinculados al Consorcio Redes CCC:
- Luis Gabriel Cervantes Orozco, Representante Legal del Consorcio Redes CCC.
- Virgilio Enrique Osorio Torres, Miembro del Consorcio Redes CCC.
- Sergio Francisco Torres Vergara, Representante Legal de la compañía Construcciones e Inversiones Beta SAS (Consibe SAS), empresa integrante del Consorcio Redes CCC.
Entidad privada señalada en la denuncia:
- EPS Sura
- Representante legal: Pablo Fernando Otero Ramón
- Señalada por presuntamente suministrar información incorrecta o incompleta relacionada con obligaciones en seguridad social del consorcio adjudicatario.
La denuncia no solo apunta a una posible irregularidad aislada, sino a una presunta estructura institucional que habría operado para facilitar la adjudicación. Esto encendería las alarmas sobre una posible red de complicidades que, de comprobarse, configuraría un caso de corrupción pública de grandes proporciones.
Además de la investigación penal en curso, el denunciante solicitó la intervención de la Contraloría General de la República para establecer si hubo daño patrimonial al Estado, y también elevó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que se determinen posibles faltas en el actuar de los funcionarios involucrados.
¿Y la EPS Sura?
Uno de los puntos más controversiales del documento es la mención de la EPS Sura, que habría expedido o validado certificaciones con información discutida por el denunciante. Aunque la entidad no ha sido procesada ni investigada formalmente, su inclusión en la denuncia la deja en el centro de la controversia.
Hasta el momento, ninguna de las personas o entidades mencionadas ha sido llamada a declarar ni se ha emitido imputación formal alguna, por lo que rige el principio de presunción de inocencia.
Este caso apenas comienza, pero ya genera profundo malestar ciudadano, especialmente en comunidades como Bayunca y Pontezuela, que esperan con urgencia las obras de saneamiento.
Desde 724 | Noticias estaremos haciendo seguimiento riguroso a las actuaciones de la Fiscalía, la Contraloría y demás entes de control, en busca de que se esclarezca si se trató de una simple omisión administrativa o de un caso más en la larga lista de escándalos que han marcado la historia reciente de la contratación pública en Cartagena.
