La reciente decisión de la juez Sandra Heredia de condenar al expresidente Álvaro Uribe Vélez ha reactivado un debate profundo y preocupante sobre la independencia del poder judicial en Colombia. El país presencia, con desconcierto y escepticismo, lo que parece no ser un fallo jurídico sustentado, sino una sentencia escrita de antemano desde los sectores más radicales del espectro político, convertida en arma para aniquilar simbólicamente al líder que marcó el mayor punto de inflexión en la lucha contra el narcoterrorismo.
La actuación de la juez Heredia —cuya imparcialidad ha sido severamente cuestionada por juristas y analistas— se enmarca dentro de un proceso lleno de sesgos, errores de forma y fondo, y una narrativa marcada más por el lenguaje político que por el jurídico. En este caso, no solo se vulneró el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 29 de la Constitución, sino que también se ignoraron pruebas exculpatorias, testimonios retractados y se otorgó un peso desproporcionado a declaraciones de personas con evidente animadversión contra el expresidente Uribe.
El proceso ha degenerado en un espectáculo, más propio de un juicio político que de un tribunal de garantías. Mientras Uribe enfrenta con dignidad acusaciones por presunto soborno y manipulación de testigos —sin que hasta ahora se haya demostrado su responsabilidad penal—, excombatientes de las FARC, responsables de crímenes de lesa humanidad, hoy ocupan curules en el Congreso sin haber pasado un solo día en prisión efectiva. Esto, gracias a los beneficios otorgados por el acuerdo de paz promovido por el expresidente Juan Manuel Santos: un pacto que, lejos de propiciar justicia, sembró las bases de la impunidad institucionalizada.
El contraste no puede ser más brutal ni más injusto: al hombre que enfrentó al narcoterrorismo con decisión, se le castiga con una severidad que no se aplica a quienes secuestraron, asesinaron y masacraron durante décadas. En un acto que debería alarmar a cualquier demócrata sincero, la justicia colombiana parece haber sido capturada por una ideología revanchista, hoy respaldada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, heredero de un modelo que ha normalizado la violación de principios fundamentales como el debido proceso y la proporcionalidad de la pena.
La juez Heredia, llamada a ser garante de imparcialidad, actuó como el “tercer ojo” de los detractores del expresidente, alineándose con una narrativa preconcebida cuyo propósito no era esclarecer la verdad, sino confirmar una condena previamente dictada. Al ignorar pilares esenciales del derecho penal como el in dubio pro reo y la carga probatoria que recae sobre la Fiscalía, ha contribuido a erosionar la confianza ciudadana en la justicia colombiana.
Si esta decisión se mantiene en segunda instancia, el mensaje que Colombia enviaría al mundo sería devastador: que aquí la justicia no se administra conforme a la ley, sino según las pasiones políticas del momento. Un mensaje que puede desacreditar gravemente al país ante organismos internacionales de derechos humanos y ante las democracias consolidadas de Occidente.
Uribe Vélez, para muchos símbolo del liderazgo eficaz, no solo ha sido víctima de una persecución judicial sin precedentes, sino de un sistema que parece premiar a los victimarios y castigar a quienes, con errores o sin ellos, defendieron la institucionalidad y el orden democrático.
Hoy más que nunca, la segunda instancia judicial tiene una obligación moral y constitucional ineludible: corregir este despropósito. De lo contrario, Colombia habrá cruzado la línea roja que separa al Estado de Derecho de la justicia politizada. Una justicia así no solo es injusta: es pendenciera y constituye un mal ejemplo ante el mundo.
