El famoso filósofo, historiador y jurista francés Charles Louis de Secondat, señor de La Brède y barón de Montesquieu, conocido simplemente como Montesquieu, recordado por su teoría de la separación de poderes en su obra El espíritu de las leyes, expresa: “Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad.”
Debo decir entonces que, en el caso del Dr. Álvaro Uribe Vélez, no solo se cometió una injusticia y se vulneraron los derechos humanos del investigado, sino que el fallo condenatorio proferido el día de ayer representó, a todas luces, la judicialización de la política y la politización de la justicia, además de una grave afectación a nuestra democracia.
Toda la narrativa espuria, perversa y vengativa que se ha construido alrededor de este juicio al Dr. Uribe está soportada en una serie de irregularidades notorias en las actuaciones de la jueza y en yerros procesales. Entre los más destacados se encuentran:
- Interceptaciones ilegales avaladas.
- Grabaciones ilegales, editadas y sin orden judicial previa.
- Un tratamiento claramente asimétrico de los testimonios presentados por las partes.
Se concedió valor pleno al testimonio del testigo Monsalve, interno en un centro carcelario, señalado por tener antecedentes penales graves y vínculos con sectores interesados en perjudicar a Uribe. A pesar de estas circunstancias, su testimonio fue admitido como creíble, mientras que los testigos presentados por la defensa —entre ellos otros reclusos y personas que niegan haber recibido ofrecimientos indebidos— fueron descartados por “falta de coherencia” o supuestos intereses personales. Esta doble vara en la evaluación de la prueba vulnera principios básicos de equidad procesal, como el principio de igualdad de armas, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991.
- Si no se probó la entrega de dádivas, promesas o beneficios concretos, entonces la imputación del delito pierde coherencia. El tipo penal exige un acto de corrupción claramente demostrado, no conjeturas ni interpretaciones extensivas del dolo.
- Por último, no se realizó un análisis jurisprudencial profundo sobre el alcance del tipo penal de fraude procesal, ni se estableció con claridad cuál fue el supuesto daño o riesgo al proceso judicial como bien jurídico protegido.
Como comentario adicional, en cuanto a las apreciaciones de la jueza sobre Monsalve, a veces uno se confundía y no se sabía si se trataba de una jueza emitiendo un fallo o de una psicóloga describiendo a su paciente y, por supuesto, exponiendo su tratamiento excelso.
Por supuesto, las críticas y el rechazo internacional afloraron en el ambiente político. Congresistas republicanos estadounidenses se pronunciaron sobre lo evidente: el juicio es político. Mario Díaz-Balart, presidente del Subcomité para la Seguridad Nacional y el Departamento de Estado de EE. UU., anotó: “Como he advertido en numerosas ocasiones, la decisión del juicio farsa, la persecución política y la cacería de brujas contra el expresidente Álvaro Uribe es una evidente violación del Estado de derecho y refleja el avance de fuerzas de extrema izquierda que controlan a @petrogustavo.” Agregó además que la administración de Gustavo Petro está “creando detrimento económico y envalentonando a criminales transnacionales”.
Lo propio hizo Marco Rubio, secretario de Estado, quien expresó: “El único crimen del expresidente colombiano Álvaro Uribe ha sido pelear sin descanso y defender a su patria. El uso como arma del poder judicial de Colombia por parte de jueces radicales ha sentado ahora un precedente preocupante.”
El senador Rick Scott aseguró que la comunidad internacional debe apoyar a Álvaro Uribe: “La persecución del presidente Uribe es terrible, gracias a las políticas radicales de Petro, un criminal, un socialista de extrema izquierda. Sí, es muy importante que los Estados Unidos y la comunidad internacional apoyen al presidente Uribe y la lucha por la libertad y la democracia.”
Y la senadora republicana por Florida, María Elvira Salazar, en su cuenta de X, dijo: “Hoy no se hizo justicia en Colombia, se consumó una infamia contra Álvaro Uribe, el hombre que rescató al país del terrorismo y enfrentó a las FARC cuando nadie más se atrevía. Lo condenan porque se negó a pactar con criminales, porque es un obstáculo para la izquierda radical que quiere tomar el poder y convertir a Colombia en otra Venezuela.”
Es decepcionante ver cómo los petristas, miembros de la izquierda radical y antiuribistas celebran anticipadamente, y hasta con morbidez asombrosa, el fallo, imaginando al líder del Centro Democrático recluido en un centro carcelario o, al menos, con detención domiciliaria. A todos ellos hay que recordarles que el sistema judicial colombiano está sujeto a procedimientos legalmente establecidos, que están lejos de regirse o ajustarse a la histeria colectiva y a la malintencionalidad que los asiste.
El criterio odioso y absurdo de que “se hizo justicia” por el simple hecho de que Uribe fue condenado, burla toda crítica sana y es un indicador inequívoco de que la justicia le ha fallado a Colombia. Como bien lo dijo Adle: “El peor delincuente de todos es el funcionario judicial que desconoce la ley y la prueba para perseguir y condenar inocentes.”
Si bien es cierto que la independencia judicial debe ser garantizada, no lo es menos que debe estar sujeta a control y escrutinio público cuando existen señales de instrumentalización del derecho penal con fines políticos. Hay que reconocer que el sistema judicial colombiano está enfermo; la confianza de los ciudadanos en que la justicia actúa con imparcialidad e independencia está en vilo. Las inconsistencias de este fallo, tanto en lo probatorio como en lo jurídico, convierten la actuación procesal en un símbolo de la fragilidad de las garantías cuando el juicio se libra en medio de la política.
Ojalá, en segunda instancia, el tribunal competente corrija los yerros procesales, impregne de objetividad su sentencia, deseche las consideraciones ideológicas y políticas y podamos decirle al mundo que en Colombia no es cierto que politizamos la justicia, y que aún existen muchos operadores judiciales que son garantía de imparcialidad y de un proceder justo y ético.
