Pocos personajes en la política colombiana han logrado erigirse como símbolo de una supuesta “defensa de los derechos humanos”, mientras operan como agentes de legitimación de uno de los proyectos criminales y sanguinarios más brutales de América Latina: las FARC. Iván Cepeda no es solo un hombre de extrema izquierda. Es, a todas luces, el operador político más leal y comprometido con el relato que busca transformar a los jefes narcoterroristas de esa organización en mártires sociales y víctimas del Estado.
Cepeda no disimula. No intenta esconder su simpatía ideológica con las FARC. Por el contrario, la exhibe con orgullo. Su carrera política ha estado al servicio de lavar la cara de una estructura criminal responsable de más de 260.000 muertos, miles de secuestros, abortos, torturas a personas en estado de indefensión, violaciones sistemáticas a menores de edad, asesinatos de indígenas y campesinos, y toneladas de cocaína distribuidas al mundo entero. Y todo, bajo el discurso engañoso de la “paz” y la “reconciliación”.
Ese sujeto- “Don Iván”– ha sido pieza clave en lo que podría llamarse, sin exagerar, el proyecto político de las FARC desde la institucionalidad. Fue el garante perfecto del pacto de impunidad negociado en La Habana: una negociación que, bajo su respaldo entusiasta, entregó curules gratis en el Congreso a peligrosos criminales de guerra, eliminó penas reales, y abrió la puerta a que narcotraficantes con crímenes de lesa humanidad se presentaran como víctimas del conflicto.
Mientras miles de víctimas siguen esperando justicia y reparación, Cepeda se ha dedicado a promover el silencio estratégico sobre los horrores cometidos por sus aliados ideológicos. ¿Dónde está su voz cuando salen a la luz nuevas fosas comunes de guerrilleros asesinados por las FARC? ¿Dónde está su indignación por los niños esclavizados y violados en campamentos? ¿Qué ha dicho sobre la maquinaria del narcotráfico que permitió que las FARC se convirtieran en uno de los cárteles más poderosos del hemisferio?
En cambio, ha convertido al expresidente Álvaro Uribe Vélez en su obsesión personal, en el blanco de una cruzada judicial con claros tintes ideológicos. Cepeda no busca justicia: busca revancha y venganza. Su lucha no es por las víctimas; es por imponer un relato donde los criminales se conviertan en redentores y quienes los combatieron, en verdugos. “Siémbrale un crimen a tu adversario y lo habrás desacreditado por siempre”, esa es la máxima de Cepeda.
Su hipocresía es monumental. Cepeda habla de derechos humanos mientras se abraza con aquellos que sembraron minas antipersonales en escuelas rurales. Clama por verdad mientras encubre, con su silencio, el reclutamiento forzado de miles de menores. Exige justicia, pero solo para un lado. Su discurso está construido sobre una lógica binaria: todo lo que huela a Estado, a Fuerzas Armadas o a derecha es culpable. Todo lo que venga de la insurgencia, es justificable.
Este doble rasero es inaceptable, pero ello no es coincidencial; él es el hijo de las FARC. Se formó, se preparó y estudió financiado por ese grupo terrorista. ¿Qué otra cosa se podría esperar de él?
Ese sujeto es una burla a la memoria de las víctimas. Es un insulto a un país que ha sufrido sin parar. Pero aún más grave: podría ser un riesgo para la seguridad continental. Estados Unidos, que ha declarado formalmente a las FARC como una organización criminal transnacional, no puede seguir ignorando el papel de ciertos políticos colombianos, como Iván Cepeda, que han funcionado como defensores y promotores de sus intereses, incluso tras la firma del acuerdo de paz.
Es hora de que el Departamento de Justicia de EE. UU. investigue a fondo a quienes han facilitado —desde el Congreso, la diplomacia y los medios— el lavado de imagen de las FARC. Iván Cepeda merece ser investigado con lupa y de hallarse responsable debe ser solicitado en extradición. No por sus ideas de izquierda, que tienen espacio legítimo en cualquier democracia, sino por su proximidad histórica, política, ideológica y presuntamente comercial con una estructura de crimen organizado que ha sembrado muerte dentro y fuera de Colombia.
El peligro no está solo en el monte. Hoy, el riesgo está incorporado en la sociedad civil. En las oficinas que disfrazan de reconciliación una agenda ideológica al servicio del narcoterrorismo. En los discursos que presentan a los criminales como constructores de paz.
Iván Cepeda no representa la paz: representa la capitulación moral frente al crimen. Y mientras no se le cuestione con toda la fuerza, seguirá manipulando el lenguaje de los derechos humanos para defender a los que los violaron con absoluta brutalidad. Guerrilleros y paramilitares fueron potenciales agresores de los derechos humanos, y Cepeda, quien apoya a los primeros, es un peligro efectivo para la sociedad.
Colombia no necesita más negociadores de impunidad. Necesita verdad. Y la verdad es que Cepeda ha sido, durante años, el mayor activo político de las FARC en el corazón del poder democrático. Y eso no es valentía: es traición a la patria. @JuanDaEscobarC
