Otra vez los cuatreros hacen de las suyas, y lo peor es que ya ni escogen día ni hora. El más reciente caso, ocurrido en la vía que conduce de Corozal a Betulia, en el departamento de Sucre, es solo una muestra más del drama silencioso —y cada vez más violento— que enfrenta el campo colombiano. Una hacienda ganadera fue blanco de los delincuentes, quienes, con absoluta tranquilidad y sin que nadie los detuviera, sustrajeron quince reses durante el fin de semana. Días antes ya lo habían intentado con otro lote, y a un vecino de esa misma propiedad le cargaron veintiséis animales. ¿Hasta cuándo vamos a seguir naturalizando lo inaceptable?
Este no es un hecho aislado. Por el contrario, se ha convertido en el pan de cada día para el ganadero sucreño y cordobés. A lo largo del territorio, los testimonios son desgarradores: propietarios que han trabajado durante décadas para construir sus fincas hoy se ven desbordados por la inseguridad. Son voces de auxilio que se pierden en el aire, mientras los delincuentes siguen engordando sus bolsillos a punta de abigeato, carneo y extorsión.
El mensaje de fondo que estamos recibiendo como sociedad es tal vez el más peligroso de todos: que el crimen paga. Y sí, estamos en un país donde, al parecer, ser pillo resulta más rentable que trabajar de sol a sol en el campo. Se denuncia, sí. Pero la Fiscalía no actúa con celeridad, los capturan y el sistema judicial los libera. El ciclo se repite con una impunidad tan alarmante, que uno se pregunta quién tiene realmente el control de estas zonas.
No se trata de señalar con el dedo a nadie en particular, pero es necesario que quienes tienen responsabilidades legales en temas de seguridad y justicia se den por aludidos. Lo que ocurre en Sucre y Córdoba es un clamor silencioso que cada vez retumba con más fuerza. En Canutal, por ejemplo, la semana pasada, en otra finca, fueron saqueados carneros, cerdos, aves de corral, herramientas e incluso los celulares de los trabajadores. En el otro extremo del departamento, un lote de 46 animales fue perseguido durante horas. Al final, el ganadero «solo» perdió siete, pero el golpe económico y psicológico fue devastador. Porque una sola res perdida es una inversión tirada por la borda.
Entre Corozal y Sincelejo, a pocos pasos del cantón militar de la Primera Brigada de Infantería de Marina, también hurtaron en una finca. Se llevaron celulares, herramientas y hasta una moto. Cuando llegó la autoridad, ya se habían esfumado. Y eso también representa miedo, impotencia, desesperanza.
Mientras tanto, se siguen realizando consejos de seguridad en Sincelejo, San Pedro y otros municipios, pero lo cierto es que el delito sigue galopando más rápido que las soluciones. ¿De qué sirven las reuniones si no hay resultados palpables? ¿De qué sirve un diagnóstico si no hay tratamiento?
Esta columna la escribo desde mi rol de ciudadano, como un grito de alerta ante lo que está sucediendo. No para buscar culpables individuales, sino para despertar conciencias. Porque si el campo se sigue desangrando, el país entero también lo hará. Lo que está en juego no es solo la economía ganadera, sino la dignidad y la estabilidad de quienes aún creen en la ruralidad como proyecto de vida.
Es necesario que todas las autoridades se pregunten con seriedad: ¿Vamos a dejar que el crimen organizado se imponga como poder paralelo? ¿Vamos a permitir que el miedo gane terreno y los ganaderos terminen abandonando sus tierras? Ya no basta con operativos intermitentes ni con promesas de seguridad que se esfuman. Se requiere una acción estructural, permanente y contundente. La seguridad no puede seguir siendo una ilusión que desaparece al caer la noche.
El abigeato, la extorsión y el carneo no son delitos menores. Son una amenaza directa al modelo productivo rural. ¿Esperaremos acaso que empiecen a secuestrar? ¿Que nos asesinen? Cuando un país permite que su campo se ahogue en la inseguridad, está sembrando su propia ruina.
Hoy no vengo a culpar, vengo a pedir auxilio. Por quienes madrugan al ordeño, por quienes arreglan cercas y siembran pasto, por quienes han heredado una tradición ganadera que ahora está amenazada por el abandono institucional. Porque el campo no puede seguir siendo el blanco perfecto del crimen. Porque la tierra, que tanto nos ha dado, también merece protección. Y porque es hora —más que nunca— de pasar del discurso a la acción.
Coletilla:
Los bandidos, en todas sus formas, actúan con la tranquilidad de saber que, si son capturados, no les pasará nada. La política de Estado parece ser darles amor y comprensión a los delincuentes y dejar a merced del crimen a los ciudadanos que han trabajado toda su vida para levantar su patrimonio. Aquí eximo de responsabilidad a la fuerza pública, porque de nada sirven sus esfuerzos si el sistema judicial no responde.
