Desde su llegada al despacho presidencial el 18 de junio de 2025, Alfredo Saade ha tejido una serie de tropiezos que, sumados, configuran una puesta en escena de autoritarismo improvisado y desbordamientos rayanos en lo caricaturesco. Su aterrizaje oficial estuvo acompañado de sobresaltos: ordenó solicitudes masivas de renuncia a más de treinta funcionarios mediante mensaje masivo de WhatsApp (y no a cualquiera: personas con décadas de experiencia y a punto de pensionarse), generando inquietud institucional. Hasta el momento, solo cinco han salido, en una prueba tangible de su estrategia de purgas exprés, y su frase típica (“en la administración pública nadie es indispensable”) retumba con tono de amenaza.
No satisfecho con ese impacto, Saade también ordenó instalar controles biométricos y prohibió el ingreso de celulares a su oficina, alegando protección al presidente como justificación; sin embargo, muchos lo leyeron como un impulso paranoico que irritó a la Casa Militar. Aunque el presidente Petro lo reprendió públicamente por remover sin consulta a una funcionaria clave (la directora de la Unidad de Cumplimiento, María Fernanda Gaitán Lozano), el daño ya estaba hecho.
Las redes tampoco fueron terreno neutral para Saade: publicó en X (antes Twitter) frases como “Periodismo arrodillado tiene que ser controlado” y acusó a los medios de destruir la moral del Presidente, proponiendo cerrarlos sin contemplaciones. Este tipo de discursos incendiarios llevó a que sectores políticos y periodistas lo señalaran por posibles intentos de censura.
Otra de sus salidas en falso incluyó la difusión de noticias no verificadas: compartió información falsa sobre el senador Miguel Uribe Turbay, aún delicado tras un atentado, despertando una lluvia de críticas en redes. Mientras tanto, en un acto de sobreexposición, durante la instalación del Congreso gritó “Reelección” entre abucheos e insultos, alentando en público algo expresamente prohibido por la Constitución. Su persistente guiño a la reelección (incluyendo la evocación de modelos autoritarios como el salvadoreño) ha sido motivo de sanciones legales, como una demanda penal presentada por el exministro Wilson Ruíz y una queja constitucional por parte de la senadora María Fernanda Cabal.
No pasaron inadvertidos sus intentos de empoderamiento informal en asuntos ajenos a su cargo: la Procuraduría abrió una investigación en su contra por presunta extralimitación en el manejo del proceso de pasaportes, tras ejercer presión directa para “racionalizar citas”, una tarea que oficialmente corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores y no al despacho presidencial.
El entorno político también reaccionó. Un grupo de congresistas presentó una carta para declararlo persona no grata en el Congreso debido a declaraciones que estigmatizan a la rama legislativa, como llamar a cerrarla o insinuar falta de transparencia electoral. Además, el columnista Juan Gabriel Vásquez lo definió como fanático religioso y oportunista, advertido por su alineación a la derecha conservadora y sus posturas sobre aborto, libertad de prensa y derechos civiles. El País, además, lo calificó como jefe del ala más radical del círculo de poder de Petro, proponiendo ideas antidemocráticas como eliminar medios críticos, cerrar el Congreso y apoyar la reelección presidencial.
Todo esto suma un retrato inquietante: un funcionario cuya conducta ha desbordado con creces los márgenes de autoridad que supone su cargo, erosionando la institucionalidad desde adentro con gritos, improvisación y simbolismos autoritarios mal calibrados. En lugar de ejercer como articulador o moderador del Ejecutivo, se ha convertido en el motor de las pilatunas más preocupantes (y de consecuencias poco pintorescas) de este gobierno. Es imposible ignorar que, si la historia sirve de advertencia, cada salida en falso de hoy puede convertirse en una crisis institucional mañana.
Como dicen cada noche, el circo del cambio arroja un sinnúmero de sorpresas que, antes que mejorar la función, empeoran la imagen de un gabinete cada vez más desprestigiado, digno de un mandatario de historieta.
