En un nuevo intento por silenciar denuncias periodísticas, Héctor José Sosa Monsalve —representante de una firma vinculada al llamado “Clan Barranqueño”— interpuso una acción de tutela contra la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el autor de esta columna. Alegando amenazas contra su vida, el tutelante buscó responsabilizar a este medio por publicaciones que revelan presuntas irregularidades en la contratación pública. Sin embargo, la justicia declaró improcedente la solicitud, revelando un trasfondo que deja más preguntas que respuestas sobre los verdaderos intereses detrás de esta maniobra legal.
La primera semana de agosto del año en curso, Héctor José Sosa Monsalve, representante legal de ‘ASS Constructora SAS’ (una de las compañías del denominado “Clan Barranqueño”) instauró una acción de tutela en contra de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y mi persona, como columnista del Portal ‘724 Noticias Cartagena’. Sosa Monsalve solicitó se le protegieran sus derechos a la vida, la integridad personal, seguridad, dignidad humana y al debido proceso y acceso a la administración pública en condiciones de igualdad.
El relato de Sosa empieza contando que supuestamente fue víctima de un secuestro el 27Feb2002 por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Y que, en abril del 2022, asevera Sosa, recibió un panfleto firmado por ese mismo grupo insurgente. Continúa diciendo que el 06Mar2024 dizque fue víctima de un atentado por parte de dos individuos que se movilizaban en una motocicleta. Este alegado atentado, de acuerdo al documento de tutela, fue denunciado por él al día siguiente ante la Fiscalía General de la Nación (FGN). Cierra diciendo que la UNP no le ha brindado protección pese a los hechos que narra.
Acto seguido a lo contado por Sosa Monsalve previamente, aquel armó una historieta que se me antoja rebuscada, ya que intenta infructuosa y torpemente vincularme como responsable de que, según él, su vida esté en peligro por tres publicaciones mías, en donde develé irregularidades en 11 contrataciones públicas (ocho con la Alcaldía de Cartagena y tres con la Gobernación de Bolívar), asunto que muchos de mis lectores están enterados. Remata diciendo que en mis columnas he «[…] publicado una serie de noticias falsas, infundadas, mal intencionadas y de mala fe […]». En sus peticiones, el tutelante solicitó que se retiraran del portal ‘724 Noticias Cartagena’ tres columnas que lo mencionaban y que me retractara de las noticias falsas infundadas. En términos generales, la tutela era un ‘arroz con mango’.
El 19Ago2025, el Juzgado 03 Promiscuo de Familia del Circuito de Barrancabermeja, como era de esperarse, declaró la tutela improcedente. Y las razones para tomar dicha decisión se basaron en que la UNP le solicitó al juzgado de tutela, entre otras, que: «[…] se debe declarar improcedente la presente acción de tutela toda vez que el señor Héctor José Sosa Monsalve, conoce los procedimientos y trámites administrativos de la UNP y presentando esta acción pretende obviar los mismos para acceder a sus pretensiones. […]» (sic).
En la parte que me correspondía también solicité al despacho de la juez de instancia que declara la tutela improcedente, ya que, en lo que se refiere a los medios de comunicación, es requisito sine qua non presentar una solicitud de retractación/rectificación previa a la acción de tutela. Sin contar que solicitar que me retractara nada tiene que ver con los derechos fundamentales incoados por Sosa Monsalve.
Y lo curioso es que, pese a que la tutela la instauró Sosa Monsalve a nombre propio, los datos del archivo revelan que el autor del documento es Leonardo Moscote Salcedo, quien es un abogado oriundo de Barrancabermeja que, de acuerdo al Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), entre el 2024 y lo corrido del 2025, ha celebrado cuatro contratos con la Alcaldía de Barrancabermeja (0756-25, 4309-24, 2289-24 y 1028-24) y uno con la Defensoría del Pueblo (CD-DP-3115-2025) que totalizan casi $77.6 millones.
Habrá que recordar que los hermanos Sosa Monsalve (Héctor y Omar) estuvieron vinculados al caso del asesinato del líder sindical de la Unión Sindical Obrera (USO) de Ecopetrol en Barrancabermeja, Rafael Jaimes Torra y su sobrino Germán Augusto Corzo en 2002. Y que Omar fue condenado, tal y como se evidencia en los documentos judiciales presentados en la columna Los contratos de la Alcaldía de Cartagena y el «Clan de los Sisbenizados».
Pregunto: ¿haber estado involucrado en un asesinato no sería razón suficiente para que alguien sea blanco de amenazas? De hecho, en uno de los panfletos que fue en teoría enviado a Sosa Monsalve por el ELN en 2025 puede leerse: «[…] le recordamos al señor HECTOR SOSA el cual ya ha sido advertido en varias ocasiones por nuestra organización y es objetivo militar por la supuesta participación en la muerte del respetado sindicalista Rafael Jaime torra de la cual su hermano Omar Sosa Monsalve el cual fue condenado por este hecho y pertenecer a grupos paramilitares […]» (sic). Causa suspicacia que un grupo insurgente como el ELN utilice la palabra ‘supuesto’ en un comunicado amenazante. ¿Será que el ELN quiere evitar que emprendan contra ellos una acción legal por difamación, pero no por amenazas?
Asimismo, vale la pena mencionar que Diego Sosa Robayo es el hijo de Héctor y que, según una fuente, Emelin Pérez Bobadilla, presumiblemente, es la compañera sentimental de Diego. A su vez, Emelin aparece tanto en el acta de constitución de la compañía monteriana ‘Ingeniería y Consultoría Vial SAS’ como representante legal de la empresa ‘Incon SAS’ de Barrancabermeja. Aunque no ha podido ser establecido con certeza (y es algo que se puso en conocimiento de la Fiscalía), la misma fuente informa que Geovanny Mancilla Martínez sería el padrastro de Emelin.
Geovanny Mancilla trabaja en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja como jefe de sistemas. Esto abriría una nueva línea de investigación en la que sería dable hipotetizar acerca de la existencia de una red de empresas y personas naturales al interior de entidades gubernamentales y la Cámara de Comercio de Barrancabermeja para hacerse parte de la contratación pública en varias regiones del país [leer ‘Con papeles falsos contratista ganó millonaria licitación de movilidad en Bogotá’, contrato SDM-LP-033-2021, inicialmente adjudicado al Consorcio Distrito Capital, cuyo representante legal era Sandra Lucía Monsalve Jaimes. Este consorcio estaba conformado por las empresas ‘Constructora S&C SAS’ (representada por Sandra Lucía Monsalve Jaimes) y por ‘Biotecnología Colombia SAS’, entre cuyos representantes estaba Jorman Andrés Sosa Camacho, quien es sobrino del tutelante Héctor Sosa Monsalve].
Y que, por otro lado, los vasos comunicantes entre ‘Ingeniería y Consultoría Vial SAS’ y la empresa ‘Dinacol SAS’ de Osvaldo Rodríguez Luna (amigo del alcalde Dumek Turbay) fueron expuestos en una denuncia que interpuse hace un par de meses ante la Fiscalía.
Para mí está más que claro: esta tutela no fue un clamor por justicia, sino un burdo intento de censura disfrazado de victimismo. No les bastó con todas las irregularidades develadas en los contratos de la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar, ahora también quieren silenciar a quienes se atreven a exponerlos. En lugar de congestionar los despachos judiciales con tutelas absurdas, mejor vayan preparando sus defensas, porque lo que se viene no se puede tapar con papeles, amenazas ni palancas. La verdad ya está sobre la mesa —y apenas estamos empezando.
