Ocho policías muertos y ocho más heridos dejó un brutal ataque terrorista perpetrado este miércoles 21 de agosto en el municipio de Amalfi, Antioquia, donde un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado con un dron cargado de explosivos mientras realizaba labores de erradicación de cultivos ilícitos.
El hecho, calificado por las autoridades como una “acción terrorista sin precedentes”, desnuda la vulnerabilidad crítica de la Fuerza Pública frente a estructuras criminales que operan con armamento y tecnología de guerra avanzada, mientras nuestros uniformados combaten con equipos obsoletos.
¿Quién está detrás del ataque?
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó que el ataque fue ejecutado por el Frente 36 de las disidencias de las FARC, grupo criminal que opera en alianza con el ELN y que forma parte del cartel delictivo liderado por alias “Calarcá”. “Se descarta la participación del Clan del Golfo. El ataque fue responsabilidad del Frente 36, que hace parte del cartel de alias Calarcá”, indicó el ministro en su cuenta de X (antes Twitter).
El propio presidente Gustavo Petro lamentó la tragedia y explicó que el helicóptero tenía la misión de transportar personal para labores de erradicación manual de cultivos de hoja de coca. “Tenemos la lamentable noticia de ocho miembros de la Policía muertos y ocho heridos en Amalfi”, escribió.
En un principio, el mandatario había relacionado el ataque con una reciente incautación de 1,5 toneladas de cocaína en Urabá, atribuyéndolo al Clan del Golfo. No obstante, la información fue corregida horas después.
- Tecnología criminal versus abandono estatal
Este atentado es el más reciente de una preocupante cadena de tragedias que evidencia una asimetría letal: mientras los grupos armados ilegales incorporan drones explosivos, armamento de largo alcance y sistemas de comunicación encriptados, nuestros policías y soldados continúan operando con helicópteros con más de 30 años de uso, sin blindaje ni tecnología moderna.
El ataque revive la urgencia de modernizar las capacidades de la Fuerza Pública. En departamentos como Guaviare, Cauca y Nariño, ya se han registrado incidentes similares en los últimos años, dejando decenas de víctimas entre militares y policías que arriesgan su vida con herramientas mínimas en territorios dominados por el narcotráfico.
- Gobierno departamental exige coordinación
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, activó de inmediato la red hospitalaria del departamento para atender a los heridos, pero fue enfático en denunciar la falta de articulación por parte del Gobierno nacional: “El Gobierno no se pone de acuerdo con los responsables. Desde la @GobAntioquia supimos siempre que se trata de disidencias FARC al mando de Calarcá. Urge articulación y coordinación. Se trata de un asunto de vida o muerte”, escribió en redes sociales.
- «Nos están matando»: el clamor por una Fuerza Pública protegida
Este atentado marca un punto de quiebre. No se puede seguir normalizando la muerte de quienes arriesgan su vida por proteger al país. La ciudadanía exige respuestas concretas, no solo homenajes póstumos ni condolencias de ocasión. El respaldo a la Fuerza Pública debe llegar antes del ataque, no después. “El Estado tiene una obligación moral y constitucional: proteger a quienes nos protegen. No se trata de militarizar, sino de garantizar condiciones mínimas de seguridad para nuestros uniformados”, opinó un analista de seguridad consultado por este medio.
- ¿Hasta cuándo?
El país no puede permitirse seguir perdiendo vidas por falta de estrategia, inversión y visión. La seguridad nacional está en juego. Y con ella, la estabilidad de toda la nación. La sangre derramada exige memoria. Pero, sobre todo, exige acción.
