El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena impuso una multa de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes al alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, Frank Ricaurte Sossa, por desacatar un fallo judicial que le ordenaba adelantar la diligencia de secuestro de un bien inmueble ubicado en el barrio Escallón Villa.
La sanción quedó en firme dentro de un incidente abierto por el despacho judicial, luego de que el mandatario local hiciera caso omiso a múltiples notificaciones que le exigían cumplir con la orden.
El juzgado dispuso compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que investiguen la conducta del alcalde Ricaurte Sossa y determinen las posibles responsabilidades penales y disciplinarias derivadas de su actuación.
El despacho advirtió que, pese a las oportunidades concedidas, el funcionario “guardó silencio hasta la fecha, habiendo contado con varias oportunidades para cumplir lo requerido”, lo que configuró un desacato injustificado.
La providencia establece que el alcalde deberá pagar la multa equivalente a diez salarios mínimos en un plazo de diez (10) días, a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura. En caso de no acreditarse el pago en el término fijado, el expediente será remitido a la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Seccional de Administración Judicial, para que se inicie el proceso de cobro correspondiente.
El proceso se origina en la orden judicial de adelantar el secuestro del bien inmueble con folio de matrícula inmobiliaria No. 060-107615, en el barrio Escallón Villa. El despacho había requerido en varias ocasiones a la Alcaldía Local No. 1 para que practicara la diligencia o, en su defecto, rindiera un informe con las razones de su incumplimiento.
El 14 de febrero de 2024, el juzgado reiteró el mandato, concediendo diez (10) días al alcalde para cumplir. Al no recibir respuesta ni acción alguna, el 24 de febrero de 2025 se abrió el incidente de sanción que culminó con la decisión adoptada esta semana.
- También puede leer: Juez frena millonarias obras en colegios de Cartagena para proteger el derecho a la educación de 6.000 niños
La sanción contra Frank Ricaurte Sossa representa un nuevo cuestionamiento a la gestión de las alcaldías locales de Cartagena, entidades llamadas a garantizar el cumplimiento de la ley y la ejecución de decisiones judiciales.
Juristas advierten que el desacato no solo afecta la seguridad jurídica de los procesos patrimoniales, sino que además podría comprometer la estabilidad administrativa del mandatario local ante la posibilidad de procesos disciplinarios y penales.
