En Cartagena, la irresponsabilidad fiscal parece haberse normalizado. La reciente respuesta de la Contraloría Distrital a la Denuncia D-017 de 2025, presentada por el empresario y docente Uriel Alfonso De Arco Paternina, no solo llega con nueve meses de retraso, sino que además deja al descubierto una peligrosa lógica institucional: minimizar lo que debería encender todas las alarmas.
Mientras el ente de control se tomó de abril de 2025 al 20 de enero de 2026 para pronunciarse, al denunciante se le concedieron apenas cinco días hábiles para responder o apelar. Una asimetría que no solo resulta grotesca, sino que desnuda una cultura burocrática que exige velocidad al ciudadano y se concede indulgencia a sí misma.
La respuesta fue enviada, además, al alcalde de Cartagena, al secretario de Hacienda y al Concejo Distrital, lo que confirma que no se trata de un asunto menor, aunque así se pretenda presentar.
Lo que la Contraloría no esperaba es que Uriel De Arco asumiera el reto y respondiera dentro del exiguo plazo, aportando nueva información técnica y ampliando la denuncia original. En un video publicado recientemente, el académico deja en evidencia la contradicción central del informe: no hay hallazgos, pero sí hay un déficit primario proyectado de $379 mil millones para 2026, acompañado de un índice de superávit primario de -151 puntos. Dicho en términos simples: el Distrito no tendría cómo pagar ni siquiera los intereses de su deuda. Y aun así, para la Contraloría, el problema es menor.
Cuando el déficit se vuelve “normal” es el punto más grave: el ente de control fiscal de Cartagena considera aceptable que una ciudad con enormes carencias sociales, infraestructura rezagada y servicios públicos frágiles enfrente un hueco cercano a los $400 mil millones en un solo año, bajo el supuesto optimista —y peligrosamente ingenuo— de que “la ecuación se corregirá después”.
Peor aún: las proyecciones financieras oficiales son planas a 15 años (2025–2039), una hipótesis que cualquier estudiante serio de finanzas públicas sabe que es técnicamente endeble y fiscalmente irresponsable.
De Arco va más allá de lo que admite la Contraloría. Según sus cálculos, el déficit no sería un episodio aislado de 2026, sino el inicio de un problema estructural, alimentado por créditos otorgados con períodos de gracia de 2 y 3 años desde 2025.
En la práctica, esto significa que el golpe real podría sentirse con mayor crudeza en 2027, último año del alcalde Dumek, o incluso en 2028, cuando asuma un nuevo mandatario que no contrató la deuda, pero sí tendrá que pagarla. “El déficit no desaparece, se patea hacia adelante”, resume el docente, mientras espera más información oficial para demostrar que el desbalance fiscal se prolongará por varios años.
Si estas proyecciones se confirman, el próximo alcalde de Cartagena heredará una ciudad financieramente asfixiada, obligada a destinar recursos que correspondían a los ahorros del Distrito de los próximos 10 años para pagar compromisos adquiridos por la administración saliente.
En corrillos políticos ya se habla de una traslación deliberada del costo político: gastar hoy, cobrar mañana y dejarle al sucesor la tarea ingrata de apagar el incendio. Mientras tanto, no faltará quien intente volver en unos años a posar de salvador de una ciudad que él mismo dejó en ruinas.
Uriel De Arco insiste en que su batalla no es personal ni partidista, sino técnica, ética y ciudadana. Y el debate que abre este caso es incómodo, pero inevitable: ¿está la Contraloría cumpliendo su función de advertir y prevenir un colapso fiscal, o se ha convertido en una oficina que normaliza cifras escandalosas y legitima decisiones que hipotecan el futuro de Cartagena? Por ahora, la respuesta institucional es clara y también es preocupante.
