Colombia se aproxima al ciclo electoral de 2026 en un momento decisivo: la ciudadanía no está cuestionando la democracia como sistema, sino su desempeño. La encuesta Cuidar la Democracia, impulsada por la Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad de los Andes, Universidad EAFIT, Uniminuto, Universidad del Norte, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad de la Sabana, Universidad ICESI y CESA, evidencia una ciudadanía crítica pero comprometida: persiste la insatisfacción frente a los resultados institucionales, pero se mantiene intacta la convicción de que el voto es el instrumento legítimo de transformación y que el sistema democrático sigue siendo el marco irrenunciable para tramitar las diferencias políticas.
El 92% de los ciudadanos considera que su voto hace la diferencia y el 72% manifiesta intención de participar en las próximas elecciones. Este dato no es menor: en un contexto regional donde los discursos autoritarios ganan terreno, Colombia reafirma su apuesta por un modelo con Presidente y Congreso, con separación de poderes y controles institucionales. La preferencia por la democracia supera ampliamente alternativas como gobiernos de fuerza o decisiones concentradas en figuras sin contrapesos.
Sin embargo, el respaldo al sistema convive con una insatisfacción estructural. El 58% se declara inconforme con el funcionamiento actual de la democracia. Las principales causas no son ideológicas, sino institucionales: la desinformación (60%) y la falta de transparencia (56%) emergen como las mayores amenazas. Es decir, la ciudadanía no está cuestionando la democracia como principio, sino su calidad, su eficacia y su coherencia.
El mensaje político es claro: la legitimidad en 2026 no se construirá sobre discursos polarizantes, sino sobre resultados verificables. Los colombianos asocian la satisfacción democrática con mejores oportunidades de educación y empleo (56%), mayor seguridad (54%) y más transparencia (50%). La demanda central es gestión, no retórica.
Otro hallazgo estratégico es la expectativa depositada en las instituciones. Gobierno Nacional, Congreso y Cortes son percibidos como los principales responsables del cuidado del sistema democrático. No obstante, también se evidencia una oportunidad para ampliar la corresponsabilidad: universidades, sector empresarial, organizaciones sociales y ciudadanía deben asumir un rol activo en la pedagogía democrática y en la vigilancia institucional.
La educación aparece como un eje transversal. El 88% considera que la democracia funciona mejor en sociedades más educadas y una mayoría espera que las universidades participen en el diseño de políticas públicas. Esto redefine el debate político: la defensa de la democracia no es solo un asunto electoral, sino cultural y formativo.
El 2026 es, por tanto, un punto de inflexión. Los gobernantes deberán cerrar la brecha entre expectativas ciudadanas y desempeño institucional. Los candidatos estarán obligados a comprometerse públicamente con estándares superiores de transparencia, respeto por los límites constitucionales y lucha frontal contra la desinformación. La afinidad ideológica pierde peso frente a atributos como integridad, capacidad técnica y cumplimiento.
Colombia no es un país que quiera abandonar la democracia; es un país que quiere que la democracia entregue resultados. El desafío es transitar de una ciudadanía desilusionada a una ciudadanía con agencia, capaz de informarse, exigir y participar activamente. Cuidar la democracia en 2026 no será una consigna. Será una prueba de madurez institucional y de responsabilidad colectiva.
