“El uso de la pauta oficial con dinero público en Bolìvar ha generado cuestionamientos sobre corrupción y manipulación mediática.”
Hay una forma de corrupción que no deja esposados ni titulares escandalosos. No hace ruido, no levanta polvo, pero carcome por dentro. Es silenciosa, sofisticada y, precisamente por eso, más peligrosa: el uso de recursos públicos —los mismos que deberían aliviar el hambre, mejorar hospitales, fortalecer escuelas o dignificar la vivienda— para fabricar reputaciones y domesticar la opinión pública.
Entre 2024 y 2026, alcaldías como las de Cartagena, Turbaco, Turbana y Clemencia; la Gobernación de Bolívar; la Asamblea Departamental y el Concejo de Cartagena; además de entidades como el ICBF y Cardique, destinaron la escandalosa suma de $5.307 millones de pesos a contratos pùblicos. ¿El objetivo real? No informar. No rendir cuentas. Sino maquillar gestiones mediocres y construir personajes de cartón.
Ese dinero no se invierte en soluciones: se invierte en ficción. En relatos complacientes, en titulares diseñados, en aplausos comprados. Es propaganda pagada con el bolsillo de los ciudadanos. Es una operación sistemática para tapar grietas con capas de publicidad.
El fenómeno se agrava con la proliferación de portales digitales sin independencia ni rigor, disfrazados de medios. Espacios que no investigan ni cuestionan: replican. No contrastan: celebran. No informan: obedecen. Su supervivencia depende de la pauta oficial, y esa dependencia los convierte en fichas funcionales del poder.
En ese engranaje aparecen nombres conocidos: desde medios tradicionales como El Universal, RCN Noticias y RCN Radio, hasta plataformas como Revista Metro, Ideas Políticas, La Verdad y Punto, Después de las Noticias, Carmol Noticias y Revista Zetta entre otros. No es una acusación ligera: es la radiografía de un sistema donde el silencio se paga y el aplauso se factura.
El daño a la democracia es profundo. La crítica desaparece, la investigación se extingue y la opinión se uniforma. El periodismo deja de ser contrapeso para convertirse en cómplice. Y lo más grave: todo financiado por los mismos ciudadanos a quienes se les vende una realidad maquillada.
Este modelo no solo es cuestionable: es perverso. Premia la sumisión y castiga la independencia. El medio que incomoda es excluido; el que adula, recompensado. Así se construye una burbuja donde los gobernantes se aplauden a sí mismos mientras la realidad, afuera, se deteriora.
Lo verdaderamente alarmante es que esto ya no indigna: se volvió paisaje. Nadie explica cómo se asignan esos recursos. Nadie mide su impacto real. Nadie responde. ¿Cuánta de esa publicidad informó realmente? ¿Cuánta fue simple autobombo disfrazado de servicio público?
La línea entre información institucional y propaganda fue cruzada hace rato. Y en ese cruce no solo se pierde dinero: se pierde confianza, se pierde verdad, se pierde democracia.
Un servidor público no está para financiar su imagen con recursos del Estado. Está para resolver problemas y rendir cuentas. Y un medio de comunicación no está para alquilar su independencia, sino para vigilar el poder, incluso cuando incomoda.
Seguir tolerando este despilfarro es aceptar que la verdad tiene tarifa. Y cuando la verdad se compra, la democracia —inevitablemente— se vende.
No se trata de atacar la pauta oficial en sí misma. Se trata de denunciar su uso como herramienta de presión y manipulación. Porque cuando la publicidad se condiciona a la mentira, deja de ser comunicación institucional y se convierte en corrupción disfrazada.
