Hay una pregunta simple que casi nadie responde de frente: si el ahorro pensional lo puso el trabajador durante años, ¿por qué no puede recuperarlo completo cuando no logra pensionarse? Es una pregunta que toca el corazón del sistema pensional colombiano y que hoy cobra una relevancia inédita tras la aprobación de la Ley 2381 de 2024.
El punto crítico está en el artículo 18. Allí se establece que las personas que hayan cotizado entre 300 y menos de 1000 semanas no podrán retirar su ahorro acumulado en un solo pago. En su lugar, recibirán ese dinero mediante una renta vitalicia obligatoria.
La medida ya ha sido cuestionada ante la Corte Constitucional mediante acciones públicas de inconstitucionalidad, que sostienen que esta obligación podría vulnerar principios fundamentales consagrados en la Constitución. Pero más allá del litigio jurídico, el debate plantea una pregunta esencial: ¿el ahorro pensional es realmente del trabajador o del sistema?
El punto de partida debería ser indiscutible: los aportes pensionales provienen del salario del trabajador. Cada cotización representa una fracción de su ingreso mensual, acumulada durante años o incluso décadas de trabajo. El propio modelo del sistema de ahorro individual reconoce que esos recursos constituyen propiedad individual del afiliado. No son subsidios del Estado ni transferencias gratuitas: son recursos ganados con trabajo.
Durante años, cuando una persona no alcanzaba las semanas necesarias para pensionarse, existía una solución lógica: la devolución completa del capital acumulado. Ese mecanismo tenía implicaciones claras:
- El afiliado recuperaba todo el dinero ahorrado.
- Podía decidir libremente cómo usarlo o invertirlo.
- En caso de fallecimiento, el capital podía heredarse a sus beneficiarios.
Hoy, la obligación de convertir ese ahorro en renta vitalicia altera la naturaleza misma del ahorro. Lo que antes era patrimonio personal, ahora se transforma en flujo administrado por el sistema y esa diferencia no es menor.
- Cuando el Estado decide por el ciudadano
La renta vitalicia no es, por sí misma, una mala herramienta. Puede ser útil para muchas personas. El problema surge cuando deja de ser una opción y se convierte en una obligación, porque cuando se impone como única alternativa, desaparece la posibilidad de elegir. El ciudadano deja de decidir sobre su propio dinero.
Antes, quien no lograba pensionarse podía recuperar su ahorro en un solo reconocimiento económico. Hoy, bajo el nuevo esquema, ese mismo ahorro se traduce en pagos mensuales que el afiliado no puede disponer libremente. El cambio no es solo operativo. Es conceptual.
Se pasa de un modelo basado en propiedad directa del capital, a uno en el que el dinero queda administrado exclusivamente para generar pagos periódicos. En términos prácticos, significa menos autonomía y menos control sobre recursos que fueron construidos con años de trabajo.
- El artículo 58 de la Constitución colombiana protege el derecho de propiedad y establece que los bienes adquiridos legalmente deben ser respetados.
Si el ahorro pensional fue construido con aportes del trabajador durante décadas, restringir la posibilidad de recuperarlo completo puede interpretarse como una limitación a ese derecho. Las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte sostienen que esta obligación podría afectar principios fundamentales como: el derecho a la igualdad, la seguridad social los derechos adquiridos y la propiedad privada. No se trata de una discusión ideológica. Es una discusión jurídica de fondo.
Una cosa es regular el sistema pensional para garantizar sostenibilidad y otra muy distinta es limitar el acceso al dinero que el propio trabajador ahorró. Este debate no es abstracto. En Colombia, millones de trabajadores no logran completar las semanas necesarias para pensionarse y las razones son conocidas: informalidad laboral persistente, interrupciones en la vida laboral, desempleo prolongado y salarios insuficientes.
Cuando estas personas llegan a la vejez sin pensión, su ahorro acumulado suele ser su único capital disponible. Obligar a convertirlo en una renta vitalicia puede significar: ingresos mensuales muy bajos, pérdida del control sobre su patrimonio e imposibilidad de usar el dinero para emergencias, vivienda o salud. Para muchos adultos mayores, esa diferencia no es teórica. Es la diferencia entre autonomía y dependencia.
La discusión sobre la devolución completa del ahorro pensional no es un capricho ideológico ni una consigna política. Es, en esencia, una discusión sobre tres pilares fundamentales: propiedad, libertad económica y justicia con quienes trabajaron durante años. Porque si el dinero fue ahorrado por el trabajador, lo razonable es que el sistema le permita decidir qué hacer con él especialmente cuando, después de décadas de aportes, no logró acceder a una pensión. La pregunta vuelve entonces al punto inicial, y sigue sin una respuesta clara: ¿de quién es realmente el ahorro pensional en Colombia: del trabajador o del sistema?
