Generaciones antes de mí han trabajado arduamente para construir la frágil democracia en la que vivimos. Duque y algunos de sus funcionarios activos, en violación de la independencia de poderes, han enviado comunicados, inmaduros e impulsivos, sugiriendo cuál debería ser el actuar de la Corte en el caso Uribe.
Se suman a las agresiones a la autonomía de la rama judicial, las comparaciones, fuera de contexto, entre la JEP y el caso del ex-presidente, y la reaccionaria propuesta de crear una corte única expresada por el partido Centro Democrático.
Ya lo ha dicho la procuraduría: los funcionarios públicos deben acatar y no atacar la justicia. No habría peor legado del gobierno Duque como normalizar las presiones de funcionarios de la rama ejecutiva y legislativa a los tribunales de justicia, y así mermar su independencia: es un precio muy caro a pagar para nuestra generación y aquellas que sólo conocerán a Uribe a través de los libros de historia.
Esta es la desafortunada intervención del Presidente Duque, donde después de mencionar a Uribe, se refirió implícitamente al caso del ex-presidente: “Como ciudadano y creyente en las instituciones, espero que las vías judiciales operen, y que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad”. De nada sirve decir ser “creyente en las instituciones” y luego desafiar el código disciplinario único, que especifica que los funcionarios públicos no pueden: «Manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicación, opiniones o criterios dirigidos a influir para que la decisión contenida en sentencias judiciales, fallos disciplinarios, administrativos o fiscales sean favorables a los intereses de la entidad a la cual se encuentra vinculado, en su propio beneficio o de un tercero».
Duque y el uribismo deben entender que estas limitaciones a los servidores públicos no se crearon para perseguir a Uribe sino, décadas atrás, para proteger el equilibrio de poderes de nuestro Estado Social de derecho. El mismo que debe velar porque a Uribe, como a cualquier colombiano, se le cumpla el derecho al debido proceso.
Señalar la paradoja de que ex-combatientes de las FARC se sienten en el Congreso, en libertad, mientras Uribe está en detención domiciliaria, no ofrece pruebas ni argumentos legales respecto al caso de manipulación de testigos por el que Uribe es acusado, pero sí ataca la institucionalidad y credibilidad de una justicia transicional que el propio gobierno Duque financia y tiene respaldo internacional.
Los acuerdos están blindados pero la paz es frágil: el caso Uribe no debe ser la excusa para torpedear la verdad y la reparación que buscan las víctimas.
Por último, la propuesta de crear una Corte única que anunció el Centro Democrático, producto de la ira y el desconsuelo, quizás algún día sea una iniciativa que valga la pena debatir. Pero no si su razón de ser es defender los intereses particulares de una persona o un grupo, sea quien sea. Los intereses de las generaciones de ahora y las futuras están por encima de la coyuntura política actual.
