En Colombia, la reparación efectiva de las mujeres víctimas de la violencia armada requiere volver a reforzar el presupuesto y las herramientas de lucha contra el narcotráfico, porque la implementación de los programas reparadores ha sido ineficiente por la expansión de ese fenómeno.
Las series históricas de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, publicadas por la Embajada de los EEUU en Colombia, muestran que entre el 2010 y el 2017, se presentó un aumento sin precedentes de los cultivos de coca en el país, lo cual produjo que entre el 2014 y 2017 se aumentara en 160% las muertes por sobredosis y en un 40% el consumo de cocaína.
A raíz de lo anterior, las organizaciones criminales se han expandido a otros negocios ilícitos, que generan entornos de violencia sexual contra las mujeres. Entre ellos, la deforestación y la minería ilegal (hoy día en el 63% y con rápida expansión desde el 2016, según la organización MONGABAY), son actividades que generan contextos que perpetúan la violencia sexual contra la mujer.
Según la Relatoría Especial de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas, la adecuada reparación de las mujeres debe incorporar un “potencial reformador”, que permita “subvertir en vez de apuntalar la inequidad estructural preexistente que puede haber sido raíz de la violencia sufrida por las mujeres”.
Las decisiones de la Corte Constitucional y los programas diseñados por las entidades competentes, para la reparación de mujeres víctimas de la violencia en el contexto del crimen organizado, han sido ineficaces como consecuencia de nunca haber contemplado el fenómeno expansivo del narcotráfico en esta última década.
Para ilustrar lo anterior, pueden verse las experiencias en la implementación de programas de reparación para mujeres víctimas de la violencia armada en Colombia, detalladas por la Defensoría del Pueblo. Algunos datos son los siguientes:
En Córdoba, el retorno de la población femenina a los resguardos del Alto Sinú, la Esmeralda, Cruz Grande, Iwagado y Quebrada Cañaveral ha sido muy complicado, por cuanto las organizaciones criminales que manejan rutas de narcotráfico revictimizan a las mujeres y amenazan a quienes lideran los procesos de restitución de tierras.
En Chocó, la minería ilegal ha generado espacios cercanos a los complejos de extracción, en los cuales se explota sexualmente a las mujeres y niñas, muchas veces bajo amenazas e intimidaciones a los esposo y padres, a quienes les ofrecen compensación económica por el abuso de sus compañeras e hijas. En este escenario se presenta circulación de estupefacientes, destrucción de la capa vegetal y contaminación de los recursos hídricos.
En Caquetá, la economía cocalera, controlada por las guerrillas, mantiene en amenaza constante a las mujeres de zonas rurales, por cuanto se realizan actividades de control social en zonas de cultivo de coca y procesamiento de alcaloides. Las mujeres no pueden transitar libremente y sufren constantemente el impacto de minas antipersonas.
En Santander, las mujeres sufren el despojo y el desplazamiento como consecuencia del acaparamiento de tierras para la explotación de hidrocarburos.
Así, la reparación de las mujeres víctimas de la violencia armada requiere programas que refuercen la lucha contra el narcotráfico, para poder garantizar un entorno que logre superar el escenario en el cual fueron victimizadas.
Perfil del columnista: Abogado especialista en derecho constitucional y magister en derechos humanos. Ha trabajado en la Corte Constitucional, en el Ministerio del Trabajo y en la Universidad del Rosario. Actualmente, trabaja para la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho.
