En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión de ocho meses al ex alcalde de Cartagena de Indias, Dionisio Fernando Vélez Trujillo quien se desempeñó para el periodo (2013 – 2015) y destituyó e inhabilitó por 15 años a la ex directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud – DADIS-, Martha Cristina Rodríguez, por irregularidades en el desarrollo del proyecto de infraestructura hospitalaria de la ciudad.
El ministerio público estableció que la administración municipal a pesar de destinar $100.000 millones para invertir en la intervención de 39 centros y puestos de salud adscritos a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, con el propósito de beneficiar a más de 470.000 mil personas, no ejecutó las obras programadas, las cuales se encuentran en estado de abandono.
El órgano de control señaló que el ex alcalde a pesar de tener toda la información sobre los inconvenientes que se presentaban en la ejecución de los contratos, no impartió oportunamente instrucciones eficientes y eficaces para asegurar el adecuado y correcto desarrollo de las actividades delegadas. Además, no asumió el control sobre los trabajos ni removió de sus funciones a la entonces directora del DADIS, a pesar de no responder con las expectativas frente del proyecto.
Para la Procuraduría, Vélez Trujillo, en su posición de garante, debió propender por el cumplimiento de los fines de la contratación y por la prestación efectiva del servicio público de salud para los habitantes de Cartagena.
Por su parte, Martha Cristina Rodríguez, adelantó la licitación pública DADIS 001 de 2014 sin contar con los estudios y diseño definitivos, ni con las licencias de construcción y aprobaciones técnicas del Ministerio de Salud.
Lo anterior dejó en evidencia una inadecuada planeación que se reflejó en las improvisaciones surgidas durante la etapa de ejecución, que llevaron a ampliar los plazos pactados, a priorizar la construcción de 25 de los 39 centros de salud contemplados y, finalmente, a suspender los trabajos como consecuencia del deficiente análisis económico y financiero sobre el que se calculó el presupuesto del proyecto.
Adicionalmente, la ex funcionaria consignó información que no correspondía a la realidad en la firma de un otrosí del contrato, al indicar que los diseños arquitectónicos de cuatro de las obras requeridas habían sido aprobados y ajustados de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, lo que no era cierto al momento en que fue firmado el documento.
El Ministerio Público señaló que se vulneraron los principios de responsabilidad, economía y planeación que regulan la contratación estatal, así como los de eficiencia y eficacia de la función administrativa.
Por esos hechos, la Procuraduría calificó la conducta Vélez Trujillo como una falta grave culposa, mientras que Rodríguez fue sancionada por tres cargos disciplinarios calificados como faltas gravísimas, dos cometidas a título de culpa grave y la restante con culpa gravísima.
El órgano de control absolvió de responsabilidad disciplinaria al supervisor del contrato de interventoría, Francisco Javier Martínez Santos.
