La columna vertebral del Sistema de Salud, denominado Sistema General de (SGSSS) han sido las Empresas Promotoras de Salud (EPS) también conocidas como Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB). Según la Superintendencia Nacional de Salud, en la actualidad el país cuenta con 44 EPS, de las cuáles 22 se encuentran con “medidas especiales” desde 2019 debido al incumplimiento de indicadores financieros y asistenciales que ponen en riesgo a la población afiliada. Situación que concuerda con el incremento de quejas relacionadas con la negación y/o precariedad en los servicios de salud, en todas las regiones del país.
Esta realidad ha sido denunciada desde hace cerca de diez años por la Defensoría del Pueblo a través del análisis a las tutelas interpuestas por la ciudadanía durante una década. Las acciones de tutela y las quejas se han interpuesto ante la demora en la asignación de citas, demora o negativa en la autorización para la realización de imágenes diagnósticas, la entrega de medicamentos y la realización de cirugías. Es decir la demora o negativa a realizar procedimientos que hacen parte del plan de beneficios de la población afiliada al sistema. Es importante señalar que la afiliación se realiza al SGSSS y no a la EPS.
Para el 2019 las EPS con mayor número de quejas fueron Capital Salud y Medimas -creada luego de la liquidación de las EPS Cruz Blanca y Saludcoop-. La mayoría de quejas corresponden al régimen contributivo. Es tal el número de demandas que el Superintendente nacional de salud informó que la entidad no cuenta con la capacidad para dar respuesta al elevado número de denuncias realizadas por la ciudadanía.
La ineficiencia e inoperancia de las EPS se mantiene aún en la pandemia. Durante el mes de abril de 2020, la Supersalud le ordenó a las EPS dar respuesta de forma inmediata a las peticiones, quejas y reclamos que fueron clasificados por la entidad como categoría de riesgo de vida. Por esta razón la Supersalud ordenó la entrega de medicamentos, prestación de servicios y realización de tratamientos de alto costo de manera inmediata.
En la pandemia ha sido una realidad la suspensión de servicios de salud como inmunización, consulta externa, diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles, atención de alteraciones de salud mental, realización de diagnóstico y tratamiento del cáncer, realización de cirugías no urgentes, entre otros servicios y procedimientos. Sin embargo, durante los primeros meses de la pandemia esta situación fue llevada por las EPS al extremo, al punto que Contraloría de Cundinamarca puso en evidencia a la EPS Convida por la interrupción en la atención en salud a sus afiliados. Además entre los hallazgos encontraron la no continuidad de contratos con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
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Según el Departamento de Administración Nacional de Estadísticas –DANE- en diciembre de 2020 la afiliación al SGSSS llegó al 97.78% de la población, distribuida en 23.362.083 afiliados al régimen contributivo y 24.026.912 afiliados al régimen subsidiado. Cada EPS del régimen contributivo recibe por cada afiliado la suma de $ 938.826 y las EPS del régimen subsidiado reciben por cada afiliado $872.496.
A pesar de la incapacidad, ineficiencia e inoperancia de las EPS, el balance para estas entidades después de once meses de cuarentena es muy positivo. En los primeros meses recibieron del gobierno nacional $782.515, recursos que debieron ser girados a las clínicas y hospitales principalmente públicos. A este monto se suma los recursos que no han sido usados en la realización de la atención en salud a la población afiliada. Recursos que no han sido regresados a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES- y tampoco han sido destinados para la atención a los pacientes con diagnóstico de Covid-19, pero sí permanecen en las arcas de estas entidades. Esto sin mencionar los recursos recibidos para la atención a pacientes Covid-19 y las barreras que las EPS han interpuesto para la realización de las pruebas Covid-19.
Finalmente se puede decir que el actual gobierno, insiste en mantener el negocio y beneficio de estas entidades a costa de la salud y la vida de la población colombiana. Que ha sido un error histórico priorizar el negocio de la enfermedad y que el actual gobierno es irresponsable al asignarle a las EPS la vacunación contra el Covid-19, dado que las EPS han sido ineficientes antes de y durante la pandemia.
Edilma Suárez
