En un acto generoso y humanitario, el gobierno del presidente Iván Duque tomó medidas, nunca antes vistas, para ofrecer alternativas de protección a la población migrante venezolana que durante los últimos años ha llegado a Colombia en búsqueda de mejores oportunidades de vida. Según información de Migración Colombia, al 31 de diciembre de 2020, cerca de 1.729.000 venezolanos se encuentran en nuestro territorio, correspondiendo al 34% del total de la población venezolana que ha salido de su país.
El anuncio del gobierno Duque de poner en marcha el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos es histórico y acertado. Es la primera vez que un país le abre la puerta a cientos de personas, para que regulen su situación migratoria, lo cual les permite acceder a importantes beneficios como alcanzar la formalidad laboral e ingresar al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Este hecho, sin precedentes, es también el primer paso para que 966.000 venezolanos, que están en condición irregular, puedan tener oportunidades productivas.
Desde 2016, en debates de control político en el Senado y medios de comunicación, cuando habían pasado unos meses del cierre unilateral de la frontera decretado por el gobierno venezolano, insistí en la necesidad de buscar opciones para que los migrantes pudieran trabajar dignamente y no en condiciones precarias, y hasta de abuso en muchos casos, para lo cual pedía que fueran formalizados mediante un mecanismo transitorio migratorio, que hoy será una realidad.
La regularización para los venezolanos que están en Colombia, anunciada esta semana, permitirá no solo tener el control y registro de quiénes son, dónde están, cuáles son sus actividades, sino facilitar su contribución al crecimiento de nuestra economía, en especial en tiempo de reactivación como consecuencia de la pandemia. Este proceso de legalización podría tener un efecto importante en el crecimiento potencial de la economía colombiana de entre 0,1 y 0,5 puntos porcentuales del PIB, de acuerdo con un estudio de Fedesarrollo de 2017; cifra consistente con lo estimado por el Fondo Monetario Internacional de 0,3 puntos porcentuales.
¿Pero cuáles otros beneficios traerá esta medida gubernamental?… Empecemos por resaltar que esta población será identificada, podrá generar por sí misma condiciones para tener una vida digna; tendrá la posibilidad de solicitar el estatus de residente en Colombia, acceder a la oferta institucional pública y privada, y les será otorgada la condición migratoria regular, lo que les permitirá realizar, de forma legal, cualquier actividad laboral en el país, incluidas aquellas que sean con un contrato laboral. Un gran paso hacia la formalidad.
Sin duda la responsabilidad del gobierno de atender la crisis migratoria ha sido contundente, por eso la decisión del presidente Duque no solo es acertada, sino que marca un hito en la región y el mundo. Algo muy positivo si tenemos en cuenta que Colombia no tiene responsabilidad alguna en la migración desbordada de venezolanos, pero sí ha vivido sus efectos. Según la ONU, ese éxodo supera los 5.4 millones de personas que han dejado Venezuela, y estima será de 6.2 millones al final de este año.
También hay que ponderar que el gobierno Duque ha asignado importantes recursos para atender a la población venezolana, destinando cerca de $3.5 billones del Presupuesto General de la Nación (PGN) en 2020 y $4 billones para 2021 -lo que equivale al 0,4% del PIB anual-, siendo salud y educación los ejes de gasto más importante.
Algunos datos sobre la población venezolana que está en el país soportan también la decisión adoptada por el gobierno. Según información de Fedesarrollo, solo el 47% de los migrantes tiene acceso a servicios de salud; 35% pertenecen al régimen contributivo; 5% ha emprendido ideas de negocio; y solo el 17.5% cotiza a un fondo de pensión. Un factor de gran relevancia, y característico de la migración venezolana es el promedio de edad, ya que son principalmente personas jóvenes, cinco años menos que el promedio de edad de la población colombiana; lo que representa una oportunidad para extender el bono demográfico y ofrecer mano de obra más joven en el mercado laboral.
En resumidas cuentas, puedo decir que fue una decisión acertada y positiva para nuestro país y para la protección de los Derechos Humanos. Lo que ocurre hoy honra uno de los compromisos del presidente Iván Duque con el querido pueblo de Venezuela que tanto ha sufrido por el empobrecimiento, la inseguridad, la destrucción del aparato productivo y la falta de garantías políticas que ha promovido el nefasto gobierno -corrupto y soporte de narcotráfico y guerrillas- de Nicolás Maduro. La decisión gubernamental es sin duda una gran apuesta contra la informalidad y la irregularidad, ambos detonantes, en muchos casos, de la criminalidad y la ilegalidad.
