¿Hasta cuándo una democracia como la colombiana podrá subsistir con una justicia tan débil? No pocos dirían que si ha sobrevivido a la enorme desigualdad socioeconómica puede sobrevivir también a los niveles de impunidad superiores al 90 por ciento que se mantienen en los estrados judiciales desde hace muchas décadas.
Pareciera que aquello de que «la justicia es para los de ruana» estuviera sembrado en la mente de la mayoría de los ciudadanos de este país, que se conforman muchas veces con una denuncia pasajera en los medios o el escándalo y el castigo en las redes sociales, porque saben que de los organismos de investigación y de los jueces poco pueden esperar.
Pero realmente eso tiene que cambiar si queremos paz y un lugar decoroso en el concierto de las democracias y entre los países con verdadero desarrollo económico. Hay que brindar un servicio de justicia efectivo y confiable para todo el espectro social: para el ciudadano de la calle, que se queja porque no hay castigo para quien le roba el celular y para la corrupción, como al empresario, que está harto de los mismo y se siente amenazado por el contrabando de mercancías con el cual tanto dinero lavan los narcos. Necesitamos una justicia que todos respetemos.
Al menos en esto deberíamos ganarle la pelea a la desigualdad social rápidamente y a bajo costo. Sin embargo, existe una barrera poderosa para conseguir tal objetivo: los políticos de todos los pelajes, que no dan ejemplo y son los menos interesados en que la situación cambie, porque si cambia, ellos podrían terminar desapareciendo. Muchos, infortunadamente, ejercen su actividad armando entuertos, rondando los bordes de la criminalidad y manipulando a la justicia, ese poder que debería ser realmente independiente y confiable.
Hay que encontrar la manera de que ellos metan lo menos posible sus narices en la justicia. Y que no tengamos investigadores y jueces haciendo o aprovechándose de la política.
En 1991, cuando se hizo la Constitución actual, el debate era el mismo: teníamos una justicia débil y turbia, y sobre todo inoperante. Así que se adoptaron varios cambios. Uno de ellos fue crear un nuevo órgano: la Fiscalía General de la Nación, cuyo jefe sería escogido por la Corte Suprema de terna enviada por el Presidente de la República. Sin duda, surgió un cargo poderoso y necesario en el poder judicial.
Desde entonces, hemos tenido 13 fiscales generales, cuatro de ellos en interinidad y varios, increíblemente, sin conocimientos de derecho penal. Unos han terminado en el exilio por amenazas, otros han salido con ínfulas de candidato presidencial. Alguno tuvo un escándalo con brujos y otro, por supuestamente haber hecho montajes con fines electorales. Varios también han sido cuestionados por no inhabilitarse para manejar asuntos relacionados con familiares, antiguos clientes y viejos amigos. En fin: ha habido de todo en esa lista relativamente corta.
En las dos últimas décadas, por esos ires y venires de la política, se ha acentuado la idea de ternar aliados y hasta «carnales» de la universidad, para tener un fiscal confiable; «de bolsillo», dirían otros. Y ello ha venido corroborando la inconveniencia de meterle política a la designación de tan importante funcionario.
Lo de dejar que un gobernante tenga un fiscal para ayudar a los amigos de siempre y para atacar a los enemigos de turno es un juego muy peligroso. Tener un funcionario de tan alto poder que sea visto como un «calanchín» del presidente es impresentable. Por esa vía, solo se puede esperar que los fiscales que el «calanchín» mayor nombra sean también meros «calanchines» y que la autonomía, de la supuestamente gozan, se vaya al carajo.
Es imprescindible encontrar una fórmula de escogencia que dé garantías de real independencia, de cero triquiñuelas políticas y de menos impunidad. Empecemos por ahí, para evitar no solo que la justicia sea apenas para «los de ruana» sino que los poderosos se la sigan «poniendo de ruana». juaber.et@hotmail.com
