Lo verdaderamente inaudito en Colombia no es que ocurran hechos polémicos. Lo inaudito es que comiencen a acumularse sin que exista una explicación institucional clara, oportuna y convincente. Ese es el terreno donde germina la desconfianza ciudadana: no en el desacuerdo político, sino en la percepción de que las reglas cambian según las circunstancias o los protagonistas.
La reciente libertad del exministro Ricardo Bonilla por vencimiento de términos vuelve a poner en el centro del debate una pregunta incómoda: ¿estamos frente a fallas estructurales del sistema judicial o frente a negligencias que terminan favoreciendo a quienes deberían rendir cuentas? No se trata de prejuzgar culpabilidades —eso corresponde a los jueces— sino de señalar que cuando los procesos se dilatan hasta perder eficacia, el mensaje que recibe la ciudadanía es devastador. La justicia tardía no solo es injusta; también erosiona la credibilidad del Estado.
A este panorama se suma la controvertida aplicación de la figura de “gestores de paz” en contextos urbanos como Medellín y Bogotá, donde la suspensión de órdenes de captura contra individuos vinculados a estructuras criminales ha generado inquietud legítima. Nadie discute la necesidad de buscar salidas negociadas a la violencia —Colombia conoce mejor que nadie el costo de la guerra—, pero la paz no puede construirse a costa de debilitar la autoridad del Estado ni de generar zonas grises donde la ley parezca negociable.
El debate no es ideológico, es institucional. Cuando el Estado concede beneficios excepcionales, estos deben estar rodeados de controles estrictos, supervisión independiente y resultados verificables. De lo contrario, el riesgo es claro: transformar la excepcionalidad en práctica habitual, y la práctica habitual en precedente peligroso.
Las denuncias sobre presuntos seguimientos o actuaciones irregulares que involucran a figuras públicas como Abelardo de la Espriella han alimentado otro frente de preocupación: el uso potencial de herramientas institucionales con fines políticos. En cualquier democracia sólida, la neutralidad de las instituciones es sagrada. Cuando surge la sospecha de que podrían utilizarse para presionar o desacreditar opositores, no basta con negar los hechos; es indispensable investigarlos con transparencia y publicar los resultados sin ambigüedades.
En paralelo, las tensiones políticas que involucran a actores como Iván Cepeda reflejan un problema más amplio: la pérdida progresiva de escenarios de debate público robusto. La democracia no se fortalece con silencios estratégicos ni con discursos polarizantes; se fortalece con confrontación abierta de ideas, argumentos verificables y rendición permanente de cuentas.
Mientras tanto, la política de Gustavo Petro, particularmente su apuesta por la llamada “paz total”, enfrenta su prueba más difícil: demostrar que la negociación con actores armados puede coexistir con la autoridad legítima del Estado. La historia colombiana enseña que negociar sin condiciones claras suele traducirse en fortalecimiento de economías ilegales y debilitamiento institucional. Por eso, cualquier proceso de diálogo debe sustentarse en resultados medibles y no en expectativas retóricas.
A ello se suman controversias administrativas, como las relacionadas con la contratación de pasaportes, que reavivan un viejo fantasma nacional: la corrupción que se recicla bajo distintos discursos. Resulta especialmente delicado cuando estos cuestionamientos aparecen en administraciones que hicieron de la transparencia su bandera principal. La coherencia política no se mide en promesas iniciales, sino en la capacidad de resistir la tentación de repetir prácticas que el país ha condenado durante décadas.
Sin embargo —y aquí está la línea que separa la crítica responsable del alarmismo— Colombia no está ante un colapso institucional. Aún existen contrapesos, organismos de control, jueces independientes y una ciudadanía que observa, cuestiona y exige. El país no ha perdido su democracia, pero sí enfrenta el riesgo de erosionarla lentamente si los errores no se corrigen a tiempo.
Lo preocupante no es cada episodio aislado, sino el patrón que parece dibujarse cuando se miran en conjunto: demoras judiciales, decisiones polémicas en seguridad, tensiones políticas crecientes y cuestionamientos administrativos persistentes. No es una crisis definitiva, pero sí una advertencia seria.
El verdadero peligro no es el desacuerdo político ni la crítica pública. El verdadero peligro es la normalización del desorden institucional. Cuando la ciudadanía deja de sorprenderse ante lo irregular, el terreno queda abonado para que lo excepcional se convierta en cotidiano.
Colombia enfrenta hoy una disyuntiva silenciosa pero profunda: reforzar el valor de la ley y la transparencia, o permitir que las excepciones continúen multiplicándose hasta que la confianza pública se vuelva irrecuperable. El desafío no es exclusivo del gobierno ni de la oposición; es colectivo. Porque la democracia no se pierde de un día para otro: se desgasta lentamente cuando los ciudadanos dejan de exigir que las reglas se cumplan sin privilegios. Lo inaudito no es solo lo que ocurre. Lo verdaderamente inaudito sería que dejáramos de exigir explicaciones.
