Después de un proceso de tres largos años, un juez de la República concretó esta semana el esperado fallo de primera instancia contra el ex presidente de la Corte Suprema Francisco Javier Ricaurte, por su participación en el llamado “Cartel de la Toga”.
Es un duro golpe para el poder judicial ver a un ex miembro de su máximo tribunal en camino a la cárcel por corrupción, pero al menos reconforta que su expediente haya sobrevivido a los embates de las complicidades en la rama, que seguramente lo hubieran premiado con la impunidad.
Ricaurte, el mismo hombre que recibió la medalla José Ignacio de Márquez por sus virtudes como jurista y por los servicios prestados a la justicia, puede enfrentar una condena de más de 23 años por liderar, según la Fiscalía, una organización criminal que manipulaba procesos a favor de reconocidos políticos y otros personajes a cambio de dinero, puestos y contratos. Ahora, conocido el sentido del fallo, sus colegas juristas le están pidiendo que, en un acto de decencia, devuelva el galardón.
Cuando Ricaurte estaba en la Corte, en los medios de comunicación se le reconocía como un hombre poderoso en el juego de la elección de magistrados y su capacidad de influencia, al parecer, no terminó con su retiro sino que se mantuvo, gracias a su llegada al Consejo Superior de la Judicatura, donde desde una silla en la Sala Administrativa definía las listas de elegibles para la Corte Suprema y el Consejo de Estado.
Si alguien lucha por tener tanto peso a la hora de las nominaciones y elecciones en la compleja rama judicial, ¿cómo no pensar que su intención podría no ser solo llevar juristas bien recomendados a esa posiciones sino crear una red de amigos y aliados para hacer ‘negocios’ con los fallos?
El caso de Ricaurte, quien hizo una carrera desde el juzgado hasta las cortes con el padrinazgo de antiguos magistrados, pone en entredicho ese mecanismo reinante en la rama judicial que combina cooptación y política para escoger a los ocupantes de las más altas posiciones de la justicia.
¿Es sano qué los magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema puedan elegir magistrados de la Judicatura que -como lo hizo Ricaurte- elaboran las listas de elegibles para esa Corte y ese Consejo? ¿Es conveniente poner a los aspirantes a magistrados de la Corte Constitucional o de la Judicatura a hacer campaña en el Congreso, con el riesgo de convertirlos en fichas de los políticos? ¿Es realmente sano que el gobierno tenga espacio para nominar togados?
¿Cuántos de ellos no llegan amarrados a compromisos políticos y electorales o dispuestos a hacer patrañas para pagar los favores recibidos o sacar dividendos económicos? Someter a quienes administran justicia a los padrinazgos profesionales y políticos es prácticamente ponerlos en manos de la corrupción. Así de sencillo.
Nadie en la rama se atrevería a decir que el vergonzoso episodio del “Cartel de la Toga” fue un caso aislado. Todo esto se puede repetir mientras no haya cambios de fondo, que la propia justicia se empeña en no hacer. Los magistrados, con el argumento de conservar su independencia, se niegan a renunciar al privilegio del «tu me eliges y yo te elijo». Hemos visto la reacción de las cortes ante los intentos de reformas sin su consentimiento. Por algo será.
Sin embargo, no es tampoco aceptable dejar esas sillas de la justicia en manos de los políticos. Es necesario buscar fórmulas que involucren a más actores de la sociedad a la hora de definir estos honores, que deberían marcar el pico de una carrera, al menos en el caso de las altas cortes. Debe existir, además,un mecanismo que permita al ciudadano común y a las organizaciones académicas y profesionales del derecho hacer control social de las postulaciones, que deberían además responder sustancialmente a los méritos.
Colombia necesita cortes más transparentes y jueces justos. No cortes y jueces politizados o amarrados a los privilegios de la cooptación. Si queremos una justicia menos corrupta, ese es el primer cambio a hacer.
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