Campesinos de la Vereda El Hatillo, jurisdicción del municipio de El Paso, Cesar, lanzaron un S.O.S. al gobierno nacional para que interceda con las tres multinacionales que explotan el carbón mineral en el área de influencia y se les cumpla con la reubicación acordada hace ya varios años.
Jesualdo Vega Camacho, líder de la zona explicó que hace 10 años salió una resolución la 0970 que después fue modificada para ratificar que dicha población debe ser reubicada por las 3 multinacionales del área de influencia de la minería como son: Drummond, CI.Prodeca y Colombian Natural Resources (CNR).
Asegura que son una comunidad netamente campesina de más de 856 habitantes distribuidos en 207 familias -hogares que vivía de la pesca, la agricultura, la ganadería pero por estar rodeados de las tres empresas carboníferas han sufrido algunas afectaciones que les han deteriorado su calidad de vida.
En el 2018 lograron firmar un plan de acción para el reasentamiento donde quedan explícitos todos los derechos y obligaciones de las multinacionales para con las comunidades. En el acuerdo se habló de reasentamiento colectivo e individual registrándose prácticamente en partes iguales. Los compromisos no se han cumplido.
Señaló que el reasentamiento debió cumplirse en febrero del año pasado, pero no ha sido aún posible por el poco apoyo que han recibido del Estado. “Nosotros como comunidad estamos viviendo una de las peores crisis económicas e insolvencia alimentaria porque la mayoría de la gente que trabajaba en las minas hoy están desempleados y sin nada que producir. Estamos esperando la presencia del Gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, quien se comprometió a visitar la zona para buscarle solución al problema».
Los campesinos aseguran que con profunda desesperanza ven la indiferencia del gobierno nacional para defender los derechos humanos de niños, niñas, jóvenes adultos mayores y población Hatillana en general, los cuales son vulnerados por el mismo Estado al no tomar la más elemental de las medidas de atención, en la proporción de los servicios sociales.
Aseguran que es evidente la ausencia de inversión estatal tendiente a mejorar su calidad de vida expuesta a la contaminación que genera la extracción y proceso del mineral.
En el más reciente comité operativo celebrado el pasado 25 de febrero en Valledupar, la comunidad de El Hatillo expuso lo siguiente:
- En varias oportunidades han preguntado qué sucede si alguna de las tres empresas se declara en quiebra y a la fecha no han recibido una respuesta satisfactoria respecto al caso de CNR.
- Por otra parte, respecto a la gestión de la ANLA, la comunidad refiere que presentó un Derecho de Petición que no se respondió oportunamente y que en el mismo la ANLA manifestó no ser competente para atender algunos de los asuntos solicitados.
- En cuanto a la situación actual de la comunidad de El Hatillo, afirman que se les han generado afectaciones de índole emocional, se han reducido los espacios culturales, no tienen agua potable, ni una adecuada recolección de residuos. De acuerdo con lo expuesto, hacen un llamado a la Gobernación para que atienda la crisis humanitaria que se está presentando.
- Hicieron un recuento de las familias que se han reasentado, aquellas que se encuentran pendientes por reasentar, así como situaciones derivadas de la suscripción del contrato de transacción para reasentamiento individual. Afirman que solo 13 familias se reasentaron, pero 104 suscribieron el contrato y no se han aplicado a cabalidad los proyectos productivos, por lo que no tienen medios de subsistencia.
- Resaltaron que para que una familia sea reasentada no solo se debe suscribir una escritura, sino que se debe dar aplicación a los proyectos productivos y además debe contemplarse el lucro cesante hasta que los mismos generen rendimientos.
- Indicaron que hay 34 familias en un proceso de selección de vivienda y de formulación de proyectos productivos, las cuales debieron haberse trasladado el 13 de enero del año en curso.
- Informaron que 80 familias suscribieron el acuerdo de reasentamiento colectivo, pero esta modalidad tiene inconvenientes en su ejecución y solo quedan dos años para hacerlo de conformidad con los acuerdos establecidos.
- Los predios para el reasentamiento colectivo debieron ser comprados el 12 de agosto de 2019 por parte de las empresas que no han logrado un equilibrio entre el valor del predio y la expectativa económica del vendedor. Al respecto, afirman que los predios no pueden cambiarse, pues son los que ha elegido la comunidad.
- Además, refieren que uno de los predios se encuentra en un área de exploración y explotación, por lo que es necesario llevar a cabo la modificación extraordinaria de la norma urbanística.
- Por otra parte, afirman que desconocen cómo va a cumplir CNR con sus obligaciones, teniendo en cuenta que 17 familias no lograron suscribir un contrato antes de que iniciara el proceso de reorganización empresarial y hay 6 casos especiales de familias que no son sujeto de reasentamiento, pero si de compensación.
- La comunidad considera que la pandemia no es la excusa ni la causa de retraso de los traslados, pues el PAR ya venía retrasado antes que se declarara la misma, esto simplemente agravó la situación.
- Sostienen que de no darse cumplimiento al reasentamiento conforme al PAR, exigirán censos actuales y tomarán acciones legales por la vulneración al derecho a una vida digna y a la salud. A su vez, interpondrán denuncias ante la CIDH y demandas a las empresas por el incumplimiento de los contratos.
- De acuerdo con lo expuesto, solicitan el cumplimiento de las obligaciones y el cronograma del PAR, el cumplimiento de los contratos de transacción suscritos con las empresas mineras, construir un plan de emergencia para la atención de la situación humanitaria e implementar un Plan de Transición para el mejoramiento de la calidad de vida y de ser posible modificar los términos del contrato fiduciario, para que no se condicione el uso del dinero a la firma de las tres empresas.
- En cuanto al orden de prelación de acreedores en la reorganización de CNR, consideran que no deben estar en la posición quinta.
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Intervención a cargo de las sociedades
DRUMMOND LTDA.
- La sociedad en primer lugar, reconoce que hubo inconvenientes en el cumplimiento de los programas desde antes que se declarara la pandemia, pero consideran que han dado cumplimiento a sus obligaciones económicas.
- Indican que están a la espera del pronunciamiento de la Superintendencia de Sociedades para poder hacer uso de los dineros de la fiducia.
- Hacen referencia a los canales de comunicación que han mantenido con la comunidad y han buscado mantener la ejecución de los proyectos que hacen parte del PAR, identificando a su vez actividades críticas y reconociendo que la comunidad de El Hatillo merece una mayor atención.
- Finalmente, la sociedad indica que su intención es permanecer al menos treinta 30 años más en el territorio trabajando de manera conjunta.
CI PRODECO S.A.
- La sociedad indica que no realizará una exposición amplia, pero quiere manifestar el compromiso de Prodeco para el cumplimiento de sus obligaciones respecto del reasentamiento, independientemente de la devolución de los títulos mineros.
COLOMBIAN NATURAL RESOURCES – CNR I Y CNR III
- Afirman que han estado explicando el proceso de reorganización y que este implica que durante el mismo no pueden dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con el reasentamiento. El porcentaje de CNR dentro del reasentamiento está dentro de las acreencias del proceso de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades, pero hasta tanto se culmine no es posible dar cumplimiento a los compromisos.
- Por otra parte, indican que han solicitado a la Superintendencia de Sociedades que se adelante el proceso de manera expedita, tanto para CNR I como CNR III, sin embargo no saben cuánto puede durar el mismo,
pero puede ser alrededor de 5 años, sin embargo depende de los tiempos de la superintendencia.
SOCYA
Hacen una presentación de los hitos del proceso y avances de los reasentamientos individuales y colectivos y reconocen que hubo una brecha de atraso antes de la pandemia.
INTERVENCIÓN DE ANLA
- Agradece el diagnóstico efectuado por la asesora de la comunidad de El Hatillo y manifiesta que es necesario darle un impulso a la comunidad.
- Indica que parte de la solución está en manos de la Superintendencia de Sociedades, quien adelanta el proceso de reorganización de CNR y define si es posible suscribir la fiducia. Es por esto, que se ha puesto en contacto con la promotora de dicha entidad, para transmitirle que este es un trámite de carácter prioritario.
- Además, indica que la ANLA se ha hecho parte del mencionado proceso, tal como lo ha realizado la comunidad de El Hatillo y ha informado de manera ajustada y en tiempo sobre las obligaciones que se encuentran pendientes por cumplimiento.
- Propone buscar una vía jurídica y técnicamente viable que permita individualizar las obligaciones relacionadas con el reasentamiento, en cabeza de las sociedades y no depender únicamente del proceso de reorganización para poder continuar con el reasentamiento.
- En concordancia con lo anterior, propone a las empresas no esperar que se emita un acto administrativo por parte de la ANLA, si se identifican oportunidades para dinamizar y cumplir de manera individual, aclarando que la ANLA, lo tendrá en cuenta al momento de individualizar las obligaciones en cabeza de las empresas.
- Por otra parte, precisa en relación a cómo y cuándo se resuelve el proceso de reorganización, que la ANLA no es la entidad competente para definirlo, pero se ha mantenido en contacto con el promotor.
- La ANLA reitera que hará presencia constante en la región, tal como se ha venido haciendo los últimos meses.
