“Los miembros de la Fuerza Pública podrán ejercer el derecho al sufragio y se les garantizará y facilitará, a través de mecanismos idóneos y oportunos, el legítimo uso del citado derecho. No les está permitido es intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos mientras permanezcan en servicio activo”. Así quedó redactado el proyecto de acto legislativo de la bancada Colombia Justa Libres, radicado el pasado 12 de marzo en el Congreso de la República, con el que se busca modificar el segundo párrafo del artículo 219 de la Constitución Política de Colombia. No es una propuesta nueva, como quiera que es la enésima vez que se presenta. De hecho, este proyecto fue presentado el año pasado por el mismo partido político, pero se hundió por vencimiento de términos.
Como antecedente, desde la Constitución de 1886, el artículo 168 prohíbe expresamente que la Fuerza pública sea deliberante, y en1945 se extendió la prohibición al ejercicio del sufragio y a la intervención en debates políticos, a sus miembros en servicio activo, debido a la violencia bipartidista entre liberales y conservadores (1925-1958). Por tanto, se trata únicamente de levantar la restricción del derecho al voto, un derecho y deber que tienen todos los ciudadanos colombianos.
Este es un debate que no ha sido abordado suficientemente, de ahí que a partir de la premisa constitucional que todos los ciudadanos son iguales ante la Ley, el debate se hace necesario e imprescindible, aún más porque los militares y policías colombianos ante todo son ciudadanos. En términos constitucionales, en Colombia se salvaguardan esos postulados que brindan la posibilidad y la capacidad de profundizar la democracia en términos de igualdad política. Por consiguiente, aunado a la fuerte crítica que se hace al sistema político en Colombia por la histórica exclusión de los movimientos y partidos progresistas o de izquierda, es ineludible el debate sobre la posibilidad del derecho al voto para la Fuerza Pública en actividad.
Una posibilidad que permitiría a los militares y policías, una efectiva participación con igualdad al voto en las elecciones. Claro está, sin poder intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos, según reza en la Constitución de 1991. En efecto, dado que el rol inherente de la Fuerza Pública es el de ser garante de la libertad y la igualdad, preservar la democracia se constituye en su mayor responsabilidad y permanente preocupación, en armonía con la función constitucional asignada (Arts. 217-218).
Por tanto, para abordar el debate es imperativo preguntarse ¿darle el derecho al voto a los militares y policías, significa una política pública que les acerque a la libertad y la igualdad? Para responder este cuestionamiento, entre otros aspectos, es útil detenerse en los argumentos a favor y en contra, partiendo del contexto colombiano en el que se desempeñan los militares y policías, sin excluir el análisis de los países de América Latina cuyas Fuerzas Armadas gozan del derecho al sufragio universal, conforme a la DUDH y CADH*, exceptuando Colombia, Guatemala, Honduras y República Dominicana.
Así mismo, sopesar los riesgos que conlleven a una politización de la Fuerza Pública, los cuales se mitigan con la prohibición de ser deliberante y su intervención en política, razón por la que estas restricciones permanecen inmanentes en el referido proyecto. También, evaluar el grado de afectación a la cohesión de las Fuerzas Armadas como producto del descuido gubernamental de los militares y policías, las fisuras internas generadas durante el gobierno anterior y la recurrente polarización política, acompañada de populismos radicales que sutilmente buscan influenciarlos y utilizarlos a conveniencia.
Del mismo modo, analizar las relaciones estructurales y culturales entre los actores políticos, sociales y económicos del país. Al respecto, considerar que pese al acuerdo firmado por el gobierno y las Farc, persisten sus disidencias, el Eln, los múltiples actores armados al margen de la ley, el narcotráfico, la corrupción rampante y el alto índice de criminalidad con el asesinato de líderes sociales y exguerrilleros. Todo esto, unido a la pandemia que acelera la desigualdad e impide el desarrollo sostenible, advierten un panorama de inestabilidad que obstaculiza en el corto plazo intentos de apertura democrática, social y política, como el del proyecto de acto legislativo en curso.
Entre tanto, desarrollar una sólida educación en democracia, con el fin de lograr una cultura política (normas, creencias y hábitos) estrechamente ligada con la igualdad política: “Ciertamente la historia de los siglos recientes demuestra que es precisamente en países democráticos donde las libertades prosperan”, según sostiene Robert Dahl. Al mismo tiempo, diseñar e implementar efectivos mecanismos de control para que el voto militar y policial, de ser aprobado, se ejerza libre de presiones, coacciones e intereses de índole político. En otras palabras, mantener incólume la defensa de la legitimidad democrática.
Finalmente, mientras no prosperen este tipo de iniciativas legislativas, estaremos muy lejos de países democráticamente desarrollados en los que no se imponen restricciones al sufragio a los ciudadanos, con lo que se demuestra la debilidad en materia de garantías a sus derechos individuales y frena el progreso del sistema democrático colombiano.
* Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
