En nuestro país durante mucho tiempo se ha tratado de saldar una deuda histórica con el campesinado colombiano sin resultados satisfactorios, la necesidad de apoyar al sector agropecuario garantizando precios justos en los insumos agrícolas es uno de los proyectos más ambiciosos del presente siglo. La regulación de precios o la intervención de estos ha marcado durante mucho tiempo las discusiones a nivel nacional con respecto a este tema.
El precio de los insumos agropecuarios influye de manera directa sobre los costos de producción y la competitividad del sector, en agosto del 2020, los precios de insumos agropecuarios subieron hasta un 48% según informó el DANE, la explicación de la escalada de tarifas se dio por temas como aumento de la demanda de ciertos sectores, y alza del dólar.
En este punto es oportuno resaltar que muchas veces los altos precios no obedecen exclusivamente a las condiciones de mercado y generan detrimento en la actividad agropecuaria en términos de eficiencia y rentabilidad, siendo este un hecho que causa afectación en los ingresos de los pequeños y medianos productores del campo colombiano, quienes en coyunturas como la vivida durante los momentos mas críticos de la pandemia, demostraron su compromiso y fortaleza para producir alimentos y garantizar el abastecimiento de los mercados.
De acuerdo con un análisis del sector, realizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, los costos de los insumos agropecuarios están asociados a la influencia del mercado internacional, la comercialización interna y a su uso y aplicación.
Los fertilizantes son los insumos mayormente utilizados en la producción agrícola de nuestro país, por tal razón, con el proyecto de ley +Agro, que radicamos al iniciar el segundo periodo de la legislatura 2020-2021, buscamos establecer un precio tope sin que se vean afectados los márgenes de los fabricantes y comercializadores, sino por el contrario, garantizarle un precio justo a los compradores de los insumos agropecuarios teniendo en cuenta las condiciones del mercado, buscando una mayor competencia en el sector para ofrecer precios más bajos sin afectar directamente las tendencias de los mismos.
Otro de los detonantes que justifica el interés por sacar adelante este Proyecto de Ley es que el control realizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se enfoca en una política de vigilancia de precios de los insumos que muchas veces resulta ser insuficiente al limitarse al reporte de la variación de precios, lo cual no permite un control adecuado, ni garantiza el abastecimiento y la seguridad alimentaria. El precio de los insumos agropecuarios, en especial de los fertilizantes, repercuten directamente en los costos de producción, afectando el precio de venta a los consumidores, este aumento desmedido en el precio de los insumos agropecuarios se ha convertido junto con la falta de acceso a créditos en uno de problemas más grandes del campesinado colombiano.
Teniendo en cuenta la desfavorable situación económica de la población campesina, la latente crisis del sector agropecuario y que la mayoría de la inversión destinada a este no genera impacto positivo a largo plazo, es necesario brindar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural las herramientas necesarias para desarrollar un índice de topes en los precios de todo producto utilizado y promover la producción agropecuaria, implementar políticas encaminadas a establecer cadenas de producción equitativas, abaratando costos que permitan competir a todos los productos del sector en los mercados nacionales e internacionales, con precios competitivos y de excelente calidad.
La eliminación de eslabones en la cadena de fabricante-campesino e importador-campesino es una de las necesidades del sector, la crisis que estamos viviendo debe superarse y servir para resaltar la importancia de ser un país con grandes capacidades agropecuarias. Este es el momento de tomar acciones para evitar abusos de posiciones dominantes en el mercado, ya que existe en algunos casos un evidente monopolio u oligopolio, situaciones que pueden dar origen a comportamientos, actos o acuerdos contrarios a la libre competencia, afectando de esta forma los precios y en ocasiones la disponibilidad de los insumos, situación que genera un detrimento del sector agrícola del país.
Siempre he fijado mi posición en contra de la intervención en los mercados, pero las imperfecciones de este y el contexto actual no nos dejan opción distinta a tomar cartas en el asunto y generar las condiciones de competitividad para abrir puertas en mercados internacionales, sobre todo para acabar con ese dolor de cabeza de la importación de algunos productos del campo, como por ejemplo el maíz, que lo cultivamos en Colombia y nuestros costos de producción no nos permiten competir de manera justa con países como Estados Unidos.
