Todas las medidas posibles las ha implementado el gobierno del presidente Iván Duque para garantizar la seguridad de los excombatientes de las Farc. Esta administración no solo está cumpliendo con lo pactado entre Santos y ese grupo guerrillero en La Habana, a pesar de no haber apoyado ese acuerdo y haber impulsado el No en el plebiscito, sino que ha dado todas las garantías a la base guerrillera que abandonó las armas y está en proceso de reincorporación a la vida civil. Pero para los exguerrilleros jefes que están en el Congreso y sus aliados, nada es suficiente.
En días pasados, Timochenko, exguerrillero y líder del partido Comunes, antes llamado Farc, acudió a las Naciones Unidas – ONU- para denunciar la supuesta falta de presupuesto y fallas en los esquemas de protección, lo cual, según él, “constituye una negación abierta al compromiso del Estado de garantizar la vida y la integridad de quienes firmaron la paz”. En la misma actuación aseguró que esta situación afecta su “trabajo político” y que impide el “ejercicio de su reincorporación”. ¡Qué tal este descaro!… Pero son las cifras las que lo contradicen.
Las Farc piden, piden y piden, pero no dan nada. El canto de sirena que con tanto ahínco pregonan se desvirtúa con la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos en el famoso “acuerdo de paz”, como la pírrica entrega que han hecho de bienes y dinero, la entrega parcial de armas y de los niños reclutados. El balance es tan vergonzoso que, a hoy, no hay una sola víctima reparada con los dineros de las Farc. Pero de eso no dicen nada, y peor aún, ni la comunidad internacional ni sus aliados en Colombia les exigen cumplimiento.
El tema de la seguridad de los excombatientes sí que ha sido prioridad para el gobierno Duque y eso lo demuestran las cifras. En 2020, el presupuesto ejecutado por la Unidad Nacional de Protección -UNP- para la atención de la seguridad de los ex Farc fue de $101.472 millones, mientras que para 2021 hay asignados $121.100 millones, de los cuales, $17.700 millones son para viáticos. Eso demuestra que los recursos están lejos de ser recortados como afirma Timochenko.
En esa misma línea hay que decir que el presupuesto para el funcionamiento de la UNP 2018-2020 aumentó considerablemente. En 2018, durante el gobierno Santos, cuando se firmó ese acuerdo de impunidad, el monto fue de $830 mil millones; para 2019, ya en el gobierno Duque, la cifra aumentó a $975 mil millones y en 2020 a $1.1 billones.
La UNP tiene un cuerpo de protección y seguridad asignado a excombatientes de 1.155 personas (996 hombres y 159 mujeres); de estos, 599 son exguerrilleros, 291 civiles, 218 de unión temporal y 47 más personas de su confianza. En materia de esquemas de seguridad, los ex Farc tienen aprobados 318 entre individuales (262), colectivos (33), AETCR (24) y uno para la sede.
No siendo suficiente, la UNP por exigencia de la JEP, reforzará este año todos los esquemas de seguridad, con cerca de 600 hombres más de protección, con lo cual tendrían 946 esquemas de protección individual y 40 más colectivos. De esta manera, 1 de cada 10 ex Farc contará con un equipo de escoltas. Pero hay un dato adicional, Timochenko parece olvidar que más del 76% de los recursos de la UNP para gastos de viajes como viáticos y pasajes, son asignados a exjefes de las Farc. ¿Acaso, este derroche se lo mencionó a la ONU?…
Los líderes desmovilizados de las Farc carecen del mínimo compromiso de racionalización en el uso de los recursos del Estado. La consigna es viajar, gastar y exigir más plata. ¡Inaceptable! y la JEP y los amigos de los acuerdos les hacen eco, en vez de exigirles más autoprotección y uso de la tecnología para sus actividades. Es bueno recordar que, en el último año, gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, se han reducido en un 50% las muertes de excombatientes, pasando de 20 muertes violentas en el primer trimestre de 2020 a 11 en igual periodo de este año. Pero no se puede ignorar que según la Fiscalía General de la Nación son los excompañeros de armas, hoy disidencias, los principales perpetradores de actos violentos contra los desmovilizados. Esto lo confirma el último informe de seguridad y protección de personas en proceso de reincorporación (de marzo 2021), el cual señala que el 58% de los victimarios son disidencias de Farc, seguido del Eln, Clan del Golfo, disidencias del EPL y Los Pelusos. Espero que esto también se le haya informado a la ONU.
Es increíble que mientras Colombia libra una dura batalla contra una pandemia en la que urge preservar la salud, el empleo y la vida digna de miles de colombianos, y que nos ha dejado fuertemente afectadas las finanzas públicas, personajes como Timochenko mientan y exijan más de lo que ya el Estado fijó para su protección y reincorporación. Y que no muestren ni un ápice de preocupación por cumplir con lo pactado.
Es absurdo que seamos los colombianos de bien y el gobierno de Iván Duque los que les quedamos debiendo. ¿Y ellos?…
